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Arbelaez Arango, Alejandro
Jimena Quesada, Luis (dir.) Universitat de València - DRET CONSTITUCIONAL, CIÈNCIA POLÍTICA I DE L'ADMINISTRACIÓ |
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Aquest document és un/a tesi, creat/da en: 2007 | |
The objective of this Doctoral Thesis, submitted as a requirement to qualify for the title-holder of a Ph.D in Constitutional Law, is to analyze in detail and from both a political and constitutional perspective the 11th Article of the 1991 Colombian Constitution that states: The right to life is not subject to violation. The death penalty will not be ruled. This analysis aims to determine whether the massive violation of this right in the country is due to deficiencies in the current legal rulings, or being these sufficient, due to the incorrect governmental policies and the deficient operation of the political institutions created to protect this specific right. The latter argument will make it necessary to find solutions from a political scope as the Governance puts forth, instead of relying solely on the legal framework as the constitutional theory advocates.
In order to present a ...
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The objective of this Doctoral Thesis, submitted as a requirement to qualify for the title-holder of a Ph.D in Constitutional Law, is to analyze in detail and from both a political and constitutional perspective the 11th Article of the 1991 Colombian Constitution that states: The right to life is not subject to violation. The death penalty will not be ruled. This analysis aims to determine whether the massive violation of this right in the country is due to deficiencies in the current legal rulings, or being these sufficient, due to the incorrect governmental policies and the deficient operation of the political institutions created to protect this specific right. The latter argument will make it necessary to find solutions from a political scope as the Governance puts forth, instead of relying solely on the legal framework as the constitutional theory advocates.
In order to present a coherent reasoning, the Doctoral Thesis is divided in three parts:
The first part is an insight into the law that regulates the topic at hand, the protection and the promotion of the Right to Life, insisting that it is mandatory for Colombia on a national, international and universal basis. The concept of Right to Life in itself will be analyzed, as well as its protection in the Political Constitution and the various accords and agreements Colombia has signed and ratified.
The second part examines the magnitude of the Right to Life violation figures in Colombia as a relation between the norm and reality-. In order to do so, it is essential to take into account the general context of the country at hand, as well as the traditional hypothesis that explain violence in Colombia, these being the poverty and the Internal Armed Conflict arguments. These two hypotheses are dismissed in this part of the study, introducing drug trafficking as a new and very present variable to explain the emergence of a death subculture.
The last part combines the legal theory analysis and the reality of the homicide rates in Colombia, taking into consideration both analysis´s to raise different solutions from a Governance perspective.
Deriving from the previous analysis, comes an argumentation, that the massive violation of the Right to Life in Colombia is not due to a lack of constitutional guarantees; since the legal and constitutional approach shows that life is wholly protected in Colombia. The leading explanation contends that the massive violation of this right is rooted in a deficient operation of national institutions that are theoretically supposed to guarantee the most important of all rights: the Right to Life, as the foundation and back bone of the Rule of Law.RESUMEN
La presente Tesis Doctoral, presentada como requisito para optar al título de Doctor en Derecho Constitucional, tiene por objeto estudiar profundamente y desde un enfoque político-constitucional el Artículo 11 de la Constitución Política de Colombia que reza: El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte. Ello con el propósito de determinar si la masiva violación de este derecho en el País se debe a deficiencias en las garantías jurídicas existentes o si, siendo estas suficientes, la explicación se encuentra más bien en la incorrecta formulación de las políticas gubernamentales y en el deficiente funcionamiento de las instituciones políticas creadas para tal fin; haciéndose por tanto necesario buscar soluciones más desde el ámbito político tal como lo plantea la Gobernabilidad Democrática, que desde el ámbito puramente jurídico como lo plantea la teoría constitucional.
Para ello, la Tesis Doctoral se compone de tres grandes bloques:
Un primer bloque en el cual se estudia en detalle la normativa que, relativa al respeto, protección y promoción de la vida, comporta carácter obligante para Colombia, tanto desde el ámbito nacional como continental y universal. Allí se analiza el concepto mismo de Derecho a la Vida, así como su protección en la Constitución Política, en sus normas derivadas, en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en los muy diversos acuerdos y convenios que, relativos a los derechos humanos, el País ha firmado y ratificado en el ámbito continental con la Organización de Estados Americanos y en el ámbito universal con la Organización de las Naciones Unidas, los cuales revisten especial importancia para Colombia toda vez que, por medio del llamado Bloque de Constitucionalidad, hacen parte del derecho interno. Este análisis de la normativa existente, se ve complementado con el estudio de las garantías jurisdiccionales y no jurisdiccionales que cada una de las instancias señaladas presenta para alcanzar su cumplimiento.
Un segundo bloque estudia la magnitud de la violación del Derecho a la Vida en Colombia en cifras reales -relación entre la norma y la realidad-, y para ello tiene presente tanto el contexto general del País como las hipótesis tradicionalmente manejadas que explican la violencia homicida colombiana en razón de su situación de pobreza o del Conflicto Armado Interno. En este bloque, se desvirtúan ambas hipótesis, se introduce el fenómeno del narcotráfico como variable fundamental para explicar la presencia de una subcultura de la muerte y se determina la responsabilidad político-constitucional que al Estado colombiano le compete por no garantizar realmente en su territorio la plena vigencia del Derecho a la Vida.
Un tercer bloque conjuga el análisis de la teoría jurídica y la realidad homicida de Colombia y, a partir de ambas, plantea soluciones desde la Gobernabilidad Democrática como forma de gobierno que tiene presentes las necesidades, prioridades y expectativas de los actores sociales, compagina las mismas con el mandato jurídico-político sobre el cual se estructura el Estado Social de Derecho y permite la participación de los estamentos públicos, privados y de la sociedad civil en la formulación, diseño e implementación de las políticas públicas relativas al respeto, protección y promoción del Derecho a la Vida.
Posterior al análisis jurídico, práctico y político realizado, se documenta y argumenta extrayendo las conclusiones correspondientes- cómo la masiva violación del Derecho a la Vida en Colombia no se debe a un problema de falta de garantías normativas pues desde un enfoque jurídico-constitucional se demuestra que la vida en Colombia se halla plenamente protegida-, sino que la explicación fundamental se encuentra en una mala formulación de las políticas públicas y a un deficiente funcionamiento de las instituciones nacionales responsables de hacer valer el más importante de los derechos: el Derecho a la Vida como pilar y razón de ser del Estado de Derecho.
Finalmente, se formula una conclusión general relativa a la utilidad y proyección práctica de la Tesis Doctoral -con el espíritu del trabajo de investigación por excelencia realizado desde la Universidad, y concebida ésta como motor de la sociedad-; es decir, la mejora de la protección del Derecho a la Vida a través de una correcta ponderación de los elementos que permiten la exigencia de responsabilidad constitucional e internacional al Estado colombiano y, paralelamente, facilitan una correcta cooperación constitucional e internacional por parte de la comunidad internacional y de otros Estados.
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