Self-archiving was studied in 3,495 papers in 109 core journals that published 50% of Valencia’s scientific production in biomedical and health sciences included in the 2000-2004 ISI databases. The effectiveness of self-archiving is analyzed with respect to the feasibility of launching open access institutional and subject-specific repositories. Data were obtained from the Sherpa/Romeo database. Self-archiving is favourable for the implementation of institutional repositories because 56.8% of papers could be immediately deposited, a percentage that increases to 72% after a period of embargo and to 87% when papers published in full text journals are included. The feasibility of establishing biomedical and health science repositories for the Valencian Community is questionable, due to the fact that most publishers will not grant permission for inclusion in a repository unless mandated by the research funding agency, a practice lacking in our country at present.Se estudian las condiciones de autoarchivo de 3.495 trabajos publicados en 109 revistas que recogen el 50% de la producción científica de la Comunidad Valenciana en biomedicina y ciencias de la salud difundida en las bases de datos ISI (período 2000-2004). Se analiza el autoarchivado desde la perspectiva de la viabilidad de implantación de repositorios institucionales y temáticos de acceso abierto. La información se ha obtenido de la base de datos Romeo disponible en la web Sherpa. Las condiciones de autoarchivo son favorables para la implantación de repositorios institucionales ya que el 56,8% de los trabajos sería depositable inmediatamente, cifra que ascendería al 72% al considerar los depositables tras un período de embargo, y al 87% al incluir los trabajos publicados en revistas accesibles a texto completo. La viabilidad para establecer un repositorio temático de biomedicina y ciencias de la salud de la Comunidad Valenciana es cuestionable debido a que la mayoría de las editoriales condicionan el permiso para el depósito de trabajos a la existencia de un mandato de las agencias estatales y/o autonómicas responsables de la financiación de la investigación, algo inexistente en este momento.