La crisis no sólo ha puesto de manifiesto la desconexión entre economía real y financiera sino también ha permitido cuestionar, aunque tímidamente, el papel legitimador que a menudo corresponde a los atributos meritocráticos (esfuerzo, inteligencia, etc.) en el tipo de desigualdad a la que da lugar el sistema de mercado. Cuestionadas algunas de las bases (morales si se quiere) con las que se pretendía fundado pero también fundante el principio de justicia del capitalismo (la vieja cuestión de la desigualdad económica legítima en relación con la igualdad formal y de derechos en el seno de la ciudadanía, pero también el nuevo problema de los techos salariales, etc.) nos encontramos, querámoslo o no, ante la oportunidad de medidas más igualitarias, dado la creciente y quizás no sólo coyuntural proclividad social hacia las mismas, un fundamento sociológico valido desde la abierta y exigente conceptualización de la igualdad en nuestro ordenamiento jurídico.