La violencia contra las mujeres , definida en la “Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer” (ONU, 1994) engloba “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”. Se considera que la falta de equidad entre los géneros en cuanto a status y poder, y la dominación masculina conforman las raíces del problema de la violencia contra las mujeres (Bourdieu, 2000; Expósito y Moya, 2005; Ferrer, Bosch, Ramis y Navarro, 2006; Gerber, 1995; Morilla, 2001; Saltzman, 1992). Estas claras relaciones asimétricas entre varones y mujeres, convierte a las mujeres, simplemente por el hecho de serlo, en el principal factor de riesgo para ser objeto de violencia (Altell, 2011; Castaño, 2009; Ministerio de Sanidad y Consumo, 2007). Las expectativas de conducta, los papeles asignados, el rol tradicionalmente ocupado por las mujeres, y la sanción que resulta de la ocurrencia de determinados comportamientos que no se ajustan a estas expectativas, son elementos muy presentes en el ámbito de las drogodependencias (Arostegui y Urbano, 2004). Ser mujer y consumir drogas son dos factores que incrementan la vulnerabilidad de sufrir violencia (Blanco, 2007; Meneses, 2002). Si observamos la incidencia de violencia de género y consumo de sustancias, podemos afirmar que son dos fenómenos que se dan en una gran proporción de mujeres que acuden a la red asistencial de drogodependencias. El estudio llevado a cabo por la Asociación de Entidades de Centros de Día de Dependencias (2010) mostró que el porcentaje de mujeres que había vivido, a lo largo de su vida, una situación de violencia dentro de las relaciones familiares o de pareja era del 64,2%. Así mismo, el 53% de estas víctimas, habían sido maltratadas por su pareja y el 21% por sus padres (Amor, et al., 2010). A pesar de esta incidencia, en España no existen de forma generalizada recursos asistenciales en la red de atención a la drogodependencia que tengan en cuenta el tratamiento a las mujeres desde la perspectiva de género. Si se quieren mejorar los informes que se desprenden de las diferentes investigaciones que indican mayor dificultad de acceso a tratamiento, escasa adecuación a sus necesidades y elevada tasa de abandono por parte de las mujeres (Bolaños, 2012; Castaños et al., 2007, Junta de Castilla y León, 2010; ONU, 2005) es necesario adecuar los servicios a esta población, tomando en consideración los factores específicos que interactúan con la adicción en mujeres, siendo los malos tratos en el ámbito familiar o de pareja o los abusos sexuales durante la infancia elementos clave a incorporar en el análisis de la realidad para que sea posible actuar conscientemente sobre ellos (Martínez, 2008). Siguiendo esta línea de investigación, es preciso aplicar la perspectiva de género a las drogodependencias (Farapi Antropologia Aplikatua, 2007) a la hora de diseñar herramientas de evaluación e intervención ya que nos ayuda a “identificar las problemáticas que les afecta a las mujeres por el hecho de ser “mujeres” como categoría social y cultural que genera identidad y subjetividad, entendiendo cómo afecta eso en los procesos de drogodependencias” (Martínez, 2008). Respondiendo a esta necesidad, la presente investigación tiene dos objetivos. Por un lado, el diseño de un “Protocolo de evaluación de necesidades de Adicción y Violencia contra las mujeres” y por otro, la realización de un estudio piloto con el objetivo de comprobar si la población a la que va dirigido lo entiende así como si es pertinente la inclusión de las variables estudiadas.