Durante los últimos años se ha experimentado un cambio sustancial en la concepción del desarrollo rural. Fruto de este cambio, desde los primeros años 80 se han empezado a aplicar políticas con una visión más integrada del desarrollo rural, más basado en los recursos locales y con mayor participación de los agentes sociales, económicos y políticos de estas áreas. Este tipo de planteamiento es en estos momentos la principal vía para abordar los problemas de deterioro del tejido social y económico de las áreas desfavorecidas. En España, y en la Comunidad Valenciana, el primer intento serio de apuesta en marcha de una política de desarrollo rural para este tipo de áreas, ha sido la Ley de Agricultura de Montaña (1982). Por razones diversas su aplicación se ha visto muy distorsionada y sus efectos han sido muy limitados. La entrada en la CE en 1986 y la aplicación de las políticas comunitarias ha abierto nuevas vías de intervención sobre los espacios rurales más pobres y sobre la economía rural. Uno de los instrumentos, las Indemnizaciones Compensatorias, no constituyen más que un complemento de rentas prácticamente insignificante. Sin embargo, y a diferencia del resto de instrumentos y políticas de desarrollo rural, la puesta en marcha de la Iniciativa Comunitaria LEADER I (1992-95) sí ha supuesto una movilización de recursos humanos y materiales en las tres zonas rurales interiores de la Comunidad Valenciana previamente seleccionadas (Els Port, Alto Palancia-Alto Mijares y La Montaña de Alicante). Al margen de una fuerte orientación sectorial hacia el sector turístico como característica definitoria, una de las principales razones del éxito ha sido la implicación de la iniciativa privada y la movilización de inversiones muy por encima de las previsiones de los Programas.