En el ámbito de las políticas públicas muchos países de nuestro entorno han desarrollado prácticas de evaluación que están ya muy asentadas en la conciencia colectiva de los diferentes profesionales. En España la evaluación de políticas públicas y programas han de afrontar aún muchas resistencias, pero son cada vez más los que admiten que la evaluación ha de enfocarse no tanto como una intromisión sino como un instrumento de aprendizaje y de mejora de la eficacia en la toma de decisiones. La cultura evaluativa en España ha venido de la mano de las autoridades comunitarias, que han mostrado una preocupación creciente por conocer el impacto de las diferentes políticas estructurales y sus correspondientes programas. La evaluación es el instrumento que mejor permite conocer qué resultados se están obteniendo y , en su caso, introducir los mecanismos de corrección oportunos. Desde la perspectiva de la Comisión Europea, de medio-largo plazo, y más preocupada por el diseño de políticas eficaces que permitan alcanzar sus grandes objetivos estratégicos, la evaluación externa ha sido el único mecanismo riguroso y sistemático que permitía obtener información fiable. Sin embargo, las evaluaciones externas no son tan útiles para los propios actores de los programas o políticas; suelen acumularse retrasos importantes y, en algunos ocasiones, los resultados no llegan o llegan incluso filtrados a estos actores. Por ello durante los últimos años se está avanzando en la vía de las evaluaciones internas (participativas o no), que, aunque en principio no son tan rigurosas en cuanto a metodologías, sí permiten obtener respuestas más rápidas y adaptadas a las necesidades de los actores locales.