The incorporation of the European Social Charter to the Spanish legal system as essential for the realization of the social State proclaimed in article 1.1 of the Constitution and the effectiveness of social rights. This involves analyzing not only the way in which the Social Charter of 1961 and the Protocol of 1988 is being applied (unique instruments accepted by Spain) and, above all, how to overcome what constitute two fundamental pending subjects: the ratification of the Protocol of collective complaints of 1995 and the European Social Charter revised in 1996. Spain is deficient in both aspects, social deficit that keeps Spain aside of the common social rights acquis, not only in the Council of Europe, but also in the bosom of the European union.The main objective of the dissertation lies in analyzing the legal impact of the European Social Charter (as a real European Pact for social democracy , equivalent to the European Convention on human rights) and the case law of the European Committee of social rights (in a sense equivalent to the European Court of human rights) as essential elements to give sense to the Spanish constitutional catalogue of social rights.From this perspective, the cited constitutional purpose is accompanied by another essentially pedagogical (closely linked to the idea of a culture of social rights and social democracy), namely, the Social Charter and the Committee's jurisprudence are virtually unknown in Spain, as evidenced by the scientific and bibliographic lagoons in matter, which otherwise justifies the originality of the topic. As a confluence of both of these objectives, a third lies precisely in, one side, the improvement of the welfare State and the guarantee of social rights in Spain through the assumption of two instruments that have updated the Social Charter of 1961 and whose acceptance is inevitable for a State that claims to be social (the aforementioned Protocol of 1995 collective claims and revised European Social Charter of 1996); and, on the other hand, to present and analyze these instruments of the Council of Europe which are virtually ignored in Spain and that, paradoxically, has served as the basis for the elaboration of the Charter of fundamental rights of the European union (that has been assumed by Spain with the entry into force of the Lisbon Treaty in December 2009).Additionally, other essential research scientific aim consists precisely in examining the way in which they combine two possible social Europe (the Council of Europe 47 Member States and the European Union with 28 Member States) and the way in which eventually possible divergences must undertake by the internal constitutional bodies. Finally, the thesis has another objective of first order, just associated not only with the aforementioned originality, but also with the actuality of the topic, since research on optimization effectiveness of social rights is more urgent in the current times of economic crisis.La incorporación de la Carta Social Europea al ordenamiento jurídico español como vector esencial para la realización del Estado social proclamado en el artículo 1.1 de la Constitución y la efectividad de los derechos sociales. Ello implica analizar no sólo el modo en que se está aplicando la Carta Social originaria de 1961 y el Protocolo de 1988 (únicos instrumentos aceptados por España) y, sobre todo, la manera de superar lo que constituyen dos asignaturas pendientes fundamentales: la ratificación del Protocolo de reclamaciones colectivas de 1995 y la Carta Social Europea revisada de 1996. España es deficitaria en ambos aspectos, déficit social que le aleja del acervo común en materia de derechos sociales, no sólo en el Consejo de Europa, sino asimismo en el seno de la Unión Europea. El objetivo fundamental de la tesis doctoral radica en analizar el impacto jurídico-constitucional de la Carta Social Europea (como verdadero Pacto europeo de democracia social, equivalente al Convenio Europeo de Derechos Humanos) y la jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales (equivalente en cierto sentido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos) como elementos indispensables para dotar de sentido al catálogo constitucional español de derechos sociales. Desde esta perspectiva, el citado propósito jurídico-constitucional garantista se ve acompañado de otro esencialmente pedagógico (estrechamente ligado a la idea de cultura de los derechos sociales y de la democracia social), a saber, la Carta Social y la jurisprudencia del Comité son prácticamente desconocidas en España, como lo acredita la laguna científico-bibliográfica en la materia, lo que por lo demás justifica la originalidad del tema elegido. Como confluencia de ambos objetivos, un tercero reside precisamente en, de un lado, profundizar en el perfeccionamiento del Estado social y la garantía de los derechos sociales en España a través de la asunción de los dos instrumentos que han actualizado la Carta Social de 1961 y cuya aceptación resulta insoslayable para un Estado que se precie de ser social (los ya citados Protocolo de reclamaciones colectivas de 1995 y Carta Social Europea revisada de 1996); y, de otro lado, dar a conocer y analizar esos instrumentos del Consejo de Europa que son prácticamente ignorados en España y que, paradójicamente, han servido de base para la elaboración de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (que sí ha sido asumida por España con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en diciembre de 2009). Adicionalmente, otro objetivo científico esencial de la investigación consiste precisamente en examinar el modo en que se compatibilizan dos posibles Europas sociales (la del Consejo de Europa con 47 Estados miembros y la de la Unión Europea con 28 Estados miembros) y la forma en que eventualmente deben acometerse por los órganos constitucionales internos las posibles divergencias. Por último, la tesis doctoral cuenta con otro objetivo de primer orden, asociado justamente no sólo con la citada originalidad, sino asimismo con la actualidad del tema, puesto que la investigación sobre la optimización en la efectividad de los derechos sociales resulta más imperiosa en los momentos actuales de crisis económica.