La reforma local de 2013 ha sido la más ambiciosa transformación del régi- men local español desde que en 1985 se aprobó la norma básica estatal (Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local) que determina cómo han de funcionar Ayuntamientos y Diputaciones provinciales. Aunque finalmente no ha supuesto una revolución tan profunda como sus impulsores deseaban, sí va a introducir cambios de cierto relieve en cómo se despliegan y actúan las Administraciones locales en nuestro país, cuya labor es de una gran importan- cia para la cohesión social por ser las más próximas a los ciudadanos. Bási- camente, y debido a la vocación recortadora de la norma, conviene analizar las mermas en representatividad y participación ciudadana que se van a deri- var de los cambios legales, la incidencia social y económica que el nuevo modelo de prestación de servicios públicos impuesto por el legislador permi- te avizorar y, por último, reflexionar sobre el estado de los servicios públicos locales, especialmente los sociales, en cuanto a la consecución de una mayor cohesión social.