La posibilidad de modificación de los límites provinciales está prevista en el artículo 141.1 de la Constitución. Conforme a este artículo, cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica. Puede decirse por tanto que la alteración de los límites provinciales es una competencia estatal.Sin embargo, no se puede negar que los intereses presentes en la alteración de los términos provinciales superan los intereses locales, tanto municipales como los de la propia provincia en su consideración como Administración local. Esta es la razón por la cual la modificación de los límites provinciales no puede ser nunca consecuencia directa o indirecta de la alteración de los términos municipales. la alteración de los límites provinciales, pero dada la transcendencia de dicha alteración, implican también intereses supramunicipales, razón por la cual su apreciación ha de realizarse por una instancia supramunicipal que la Constitución residencia en una de las instituciones del Estado, y en concreto en el poder legislativo. No obstante, cabe preguntarse si en el procedimiento conducente a la alteración provincial hay algún espacio para la participación municipal y para la ponderación de dichos intereses por parte de las instancias estatales con capacidad de decisión