Los medios de comunicación nos tienen acostumbrados últimamente a noticias en las que los menores de edad son protagonistas de acciones que el ordenamiento jurídico tipifica como faltas, e incluso de conductas constitutivas de delito. Algunos de estos supuestos han reabierto el debate sobre la conveniencia de endurecer el régimen punitivo previsto para los menores delincuentes. Y estas circunstancias tiene además un reflejo paralelo en el ámbito administrativo, donde también existe un eco mediático de comportamientos donde son los menores de edad los autores de infracciones administrativas tanto en el ámbito académico y educativo, como en relación con conductas cada vez más frecuentes relacionadas con el consumo de ciertas sustancias o bebidas en la vía pública por citar algunos de los ejemplos más conocidos. Ello ha creado en la sociedad conciencia de la necesidad de responder adecuadamente a estos hechos. Pero a diferencia de lo que ocurre en el ámbito de los ilícitos penales, en el ámbito administrativo no hay un derecho administrativo sancionador especial para menores. Las normas sectoriales contempla de forma dispersa sanciones para este colectivo que en la mayoría de las ocasiones no constituyen medidas especificas, sino sanciones comunes a los adultos, y entre ellas se encuentran las multas. Sin embargo para que el Derecho Administrativo sancionador sea eficaz es necesario que las sanciones previstas por el ordenamiento ante un hecho antijurídico puedan ser asumidas por el mismo sujeto al que van referidas, esto es, que los efectos jurídicos que comporta la sanción recaigan directamente en el infractor al que se dirigen.