Este trabajo muestra cómo calcular las necesidades de gasto de las comunidades autónomas españolas para nivelar las oportunidades de sus habitantes de acceso a los servicios, en especial los de educación, sanidad y servicios sociales. Propone un criterio de justicia distributiva propuesto por Rawls que ignora dónde residen los beneficiarios y tiene en cuenta los usuarios de distintas clases de servicios en cada comunidad y la intensidad en las necesidades de los servicios de diferentes grupos de población. Las estimaciones resultantes de la métrica propuesta justifican diferencias de necesidades de gasto por habitante para las distintas funciones, pero reducidas para el conjunto de los servicios públicos fundamentales y para el total de las funciones de gasto. A la luz de la métrica propuesta, las diferencias de financiación por habitante del actual modelo y el anterior no encuentran justificación en la intensidad de las necesidades de las comunidades y discriminan a unas frente a otras.