Faced with the persisting challenge of racism, Western European states are actively seeking ways of improving the population’s attitudes toward non-White immigrants from developing countries as well as their descendants. However, two main obstacles stand in the way of ambitious anti-racist policy reform. On the one hand, the vastly unequal voting power of native and immigrant-origin citizens, combined with the former’s relative immunity to ethnic discrimination, makes it electorally difficult to keep the issue on the political agenda, especially with the competition of far-right parties trading on xenophobic rhetoric. On the other hand, there is an on-going theoretical dispute between multiculturalists and interculturalists on the long-term link between different approaches to cultural governance and racist attitudes, with the latter favouring a return to some forms of minority assimilation. This thesis explores how the human rights to non-discrimination and education, enshrined in various international treaties, may help overcome both obstacles, and how courts should interpret them in order to take advantage of their anti-racist potential. Since we wish to highlight the law’s relationship with morally problematic social processes, our inquiry is critical and interdisciplinary, combining insights from law, philosophy, political science, sociology, anthropology and psychology. Current legal standards are extracted from the human rights treaties adopted in the framework of the United Nations and the Council of Europe, as well as European Court of Human Rights case law and the General Comments and thematic reports of the United Nations monitoring committees and experts. These authoritative interpretations are contrasted with the recommendations of specialised international organisations, the principles defended by political philosophers and the prescriptions that can be derived from empirical research on the etiology of racism. Our analytical starting point is that human rights delimit the range of legally permissible policies, which in turn affect the structural drivers of racism. Since the relationship between human rights law, policies and attitudes is a highly indirect one that can rarely be observed straightforwardly through correlational or experimental evidence, we primarily rely on a deductive mode of reasoning, using empirically grounded theories to predict the long-term consequences of the law. Our results fall in two different categories targeted at different audiences. On the one hand, we unveil existing human rights standards that could be harnessed in the service of anti-racism. This may be seen as a way of increasing the legal expertise of policymakers, activists and other social agents. On the other hand, we defend the principle of ethnic recognition as a moral argument for modifying current human rights standards or developing new ones. This can be read as an attempt to expand the philosophical and sociological toolbox of judges and other legal practitioners. Starting with the right to non-discrimination, we critically analyse the implementation and institutionalisation of EU employment equality law. In particular, we contend that the complaint-based model of anti-discrimination enforcement, the scarce or misconceived recourse to positive action and the lack of accommodation of cultural differences problematically contribute to ethnic segregation, stratification and assimilation. We then turn the spotlight on the right to education, characterising education policy as a key institutional source of racism among children. More specifically, we claim that only by developing a critical and multi-perspectival curriculum, creating incentives for ethnically mixed schools and extending some public school regulations to private ones will policymakers succeed in establishing egalitarian education systems. The conclusion puts forward a rights-based approach to anti-racist policy reform.Ante el persistente reto del racismo, los estados de Europa occidental están buscando maneras de mejorar las actitudes de su población hacia los inmigrantes no blancos procedentes de los países en desarrollo, así como hacia sus descendientes. Sin embargo, dos importantes obstáculos dificultan la puesta en marcha de ambiciosas reformas antirracistas. Por un lado, la enorme brecha entre el número de votantes nativos y de origen extranjero, combinada con la relativa inmunidad de los primeros a la discriminación étnica, hace electoralmente difícil mantener el tema en la agenda política, especialmente con la competencia de partidos de extrema derecha y retórica xenófoba. Por otra parte, los partidarios del multiculturalismo y el interculturalismo siguen enzarzados en una disputa teórica en torno al impacto de diferentes tipos de gobernanza cultural sobre las actitudes racistas, con el segundo bando defendiendo un retorno a ciertas formas de asimilación de las minorías. Esta tesis explora cómo los derechos humanos a la no discriminación y la educación, reconocidos en varios tratados internacionales, pueden ayudar a superar ambos obstáculos, y qué interpretaciones judiciales permitirían sacar el máximo provecho de su potencial antirracista. Puesto que pretendemos destacar el impacto de la ley sobre procesos sociales moralmente problemáticos, nuestra investigación es crítica e interdisciplinar, combinando perspectivas jurídicas, filosóficas, políticas, sociológicas, antropológicas y psicológicas. El acervo jurídico se extrae de los tratados de derechos humanos adoptados en el marco de las Naciones Unidas y el Consejo de Europa, así como de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los comentarios generales e informes temáticos de los comités y expertos de las Naciones Unidas. Estas interpretaciones autorizadas se contrastan con las recomendaciones de varios organismos internacionales especializados, los principios defendidos desde la filosofía política y las prescripciones que pueden derivarse de la investigación empírica sobre la etiología del racismo. El punto de partida de nuestro análisis es que los derechos humanos delimitan el espectro de políticas legalmente permitidas, las cuales a su vez inciden en los determinantes estructurales del racismo. Dado que la relación entre el derecho internacional de los derechos humanos, las políticas públicas y las actitudes es altamente indirecta y rara vez se puede observar fácilmente mediante experimentos o correlaciones, recurrimos principalmente al razonamiento deductivo, utilizando teorías empíricamente fundamentadas para predecir las consecuencias a largo plazo de la ley. Nuestros resultados se dividen en dos categorías, dirigidas a diferentes públicos. Por un lado, desvelamos estándares existentes de derechos humanos que podrían ponerse al servicio de la lucha contra el racismo. Ello puede concebirse como un intento de ampliar los conocimientos jurídicos de los decisores políticos, activistas y otros agentes sociales. Por otro lado, defendemos el principio del reconocimiento étnico como un argumento moral para la modificación de algunas normas establecidas o el desarrollo de otras nuevas. Ello puede leerse como un intento de perfeccionar las herramientas filosóficas y sociológicas a disposición de los jueces y otros profesionales del derecho. Empezando con el derecho a la no discriminación, analizamos críticamente la implementación e institucionalización de las directivas de igualdad de la Unión Europea en el ámbito del empleo. En particular, sostenemos que el modelo de derecho antidiscriminatorio basado en demandas judiciales individuales, el recurso escaso o mal concebido a las acciones positivas y la falta de acomodación de las diferencias culturales en los lugares de trabajo contribuyen problemáticamente a la segregación, estratificación y asimilación étnicas. A continuación, ponemos el foco en el derecho a la educación, caracterizando las políticas educativas como una fuente institucional clave de racismo infantil. Más concretamente, defendemos que solo mediante el desarrollo de currículos críticos dotados de múltiples perspectivas, la creación de incentivos para la diversidad étnica de alumnos y profesores y la extensión de algunos estándares de las escuelas públicas a su homólogas privadas se conseguirá establecer sistemas educativos igualitarios. La conclusión propone un modelo de reforma antirracista de las políticas públicas basado en los derechos.