Bajo el título “Propiedad Intelectual en Internet. Los retos de su tutela judicial”, el objetivo de la presente tesis doctoral es analizar si, en el estado actual, nuestro ordenamiento jurídico ofrece mecanismos de tutela suficientes y adecuados para proteger los derechos de propiedad intelectual frente a las infracciones cometidas en Internet. Este trabajo de investigación toma como punto de partida la hipótesis de que, el Derecho nacional, junto al Derecho de la Unión Europea, han configurado en los últimos años un sistema que permite obtener la protección de los derechos de propiedad intelectual ante los tribunales españoles; ahora bien, la eficiencia de esta tutela se plantea como un reto, que exige conocer las particularidades de la materia y utilizar de forma correcta los distintos instrumentos procesales. Con el propósito indicado, nuestro trabajo toma como punto de partida la realidad que es objeto de estudio –esto es, los tres modelos de explotación ilícita de la propiedad intelectual en Internet que coexisten actualmente-, así como las disposiciones de derecho material que regulan la materia –en particular, los derechos de propiedad intelectual regulados en la LPI, así como los prestadores de servicios de la sociedad de la información, previstos en la LSSI-. No obstante, esta tesis doctoral se presenta desde la perspectiva del Derecho Procesal civil y se divide en cuatro Capítulos que se corresponden con las diferentes instituciones procesales: competencia, legitimación, diligencias preliminares y modalidades de tutela. Como se desprende de su enunciado, el objetivo de cada uno de los Capítulos es el examen detallado de las cuestiones fundamentales del derecho procesal en torno al problema jurídico que suponen las infracciones contra los derechos de propiedad intelectual cometidas en Internet. De este modo, al final del presente trabajo de investigación, se proporciona una respuesta a las siguientes preguntas: dónde es posible demandar, quién está legitimado para interponer la demanda, contra quién presentar la demanda, cómo averiguar su identidad y qué se podría pedir como condena. La metodología utilizada en la elaboración de esta tesis doctoral es la propia de todo trabajo de investigación jurídico. Siendo nuestro propósito examinar las posibilidades que ofrece el proceso civil español para solucionar los conflictos derivados del uso no autorizado de contenidos protegidos, la investigación toma como punto de partida la existencia de normas que regulan la materia; no obstante, estas normas –inicialmente previstas para el ámbito analógico- precisan ser interpretadas para hacer posible su aplicación íntegra a las particularidades de las infracciones de derechos de propiedad intelectual cometidas a través de Internet. Esto se consigue haciendo uso de dos métodos de investigación, de manera transversal, durante todo el trabajo. De una parte, el método jurídico-descriptivo, con el que se exponen de forma sistematizada todos los aspectos materiales y procesales de la materia que es objeto de estudio. De otra parte, el método jurídico-propositivo, con el que se plantean posibles soluciones a los problemas interpretativos y se ofrecen propuestas de futura reforma respecto de las lagunas legales existentes. Asimismo, las fuentes de información empleadas en la redacción de esta tesis doctoral han sido las propias de todo trabajo de investigación jurídico: fuentes normativas, jurisprudencia, doctrina científica y materiales informativos sobre la realidad actual del problema. Estas fuentes han servido para cubrir los tres aspectos que ha sido necesario comprender a efectos de elaborar el trabajo que se presenta: la realidad del problema jurídico estudiado –esto es, Internet, los modelos de explotación y su funcionamiento-, el derecho material –cuestiones de propiedad intelectual y sociedad de la información- y el derecho procesal –aspectos de competencia, legitimación, preparación del proceso y modalidades de tutela-. Dada su actualidad, y el hecho de que han ofrecido una nueva configuración a la materia que es objeto de estudio, entre las referidas fuentes adquieren particular relevancia la Ley 21/2014 –que modifica la LPI y la LEC-, así como la jurisprudencia del TJUE –quien ha interpretado en los últimos años algunas de las cuestiones problemáticas-. Expuestos los objetivos y la metodología, procede concretar los aspectos más relevantes de la investigación realizada y hacer referencia a las conclusiones finales. Representa el punto de partida de este trabajo el hecho de que los bienes inmateriales encuentran en Internet un medio idóneo para su difusión; por lo que respecta a los derechos de propiedad intelectual, el desarrollo de la tecnología ha conducido a la aparición de modelos de explotación basados en la realización de actos de reproducción de contenidos protegidos –derecho exclusivo en virtud del art. 18 de la LPI- y de actos de puesta a disposición del público de contenidos protegidos –derecho exclusivo conforme al art. 20.2.i) de la LPI-. En la actualidad coexisten tres modelos de explotación en línea de estos derechos: la descarga continua, la descarga directa y el intercambio mediante redes de pares; la principal característica de todos estos es la cantidad de sujetos que pueden participan en el modelo de explotación. La descarga continua consiste en disfrutar en línea de las obras sin descargar ningún archivo –siendo únicamente necesario almacenar una copia temporal en el búfer de datos del dispositivo electrónico-. La descarga directa implica la obtención de un archivo que se guarda de forma permanente en el dispositivo electrónico del usuario –pudiendo, a partir del mismo, realizar nuevas copias de las obras-. Por último, con el intercambio mediante redes de pares el usuario también descarga un archivo que podrá reproducirse dando lugar a nuevas copias; no obstante, mientras el primer y el segundo modelo se ponen en funcionamiento desde una página web –siendo suficiente disponer de un navegador de Internet-, el intercambio entre pares exige la instalación previa de un programa de ordenador que, mediante una compleja ingeniería, articula una descarga a partir de un enlace que contiene la información necesaria para embeber el archivo desde los discos duros de los diferentes usuarios –los denominados pares- que están conectados a la red del software P2P en ese momento. Todos estos modelos, en la medida en que se utilizan para realizar actos de explotación sin haber obtenido la autorización de su titular –no siendo posible su inclusión dentro de los límites admitidos por la LPI-, merecen la calificación de ilícitos. En este sentido, los actos de reproducción y de puesta a disposición del público que se realizan haciendo uso de los referidos modelos de explotación ilícita constituyen la conocida como piratería en Internet. Todas estas actividades ilícitas se benefician del anonimato que proporciona la Red, permiten a los usuarios disfrutar de las obras sin retribuir al titular de derechos y construyen, alrededor del modelo de explotación ilícita, una infraestructura económica de la que participan pluralidad de sujetos. De este modo, haciendo uso de Internet, se cometen unas infracciones caracterizadas por su desarrollo continuado en el tiempo y por provocar unos daños de crecimiento exponencial. En este trabajo de investigación se estudia el modo en que el titular de derechos de propiedad intelectual puede obtener, ante los órganos jurisdiccionales españoles, la tutela judicial de sus derechos frente a los referidos actos ilícitos. El primer capítulo se destina al estudio de las cuestiones relacionadas con la competencia judicial. El objetivo de este capítulo es el de dar respuesta a la pregunta de dónde interponer la demanda –esto es, qué tribunal español es el competente para resolver el litigio cuando los derechos de propiedad intelectual son infringidos en Internet-. Para responder a esta pregunta, es necesario examinar cuatro aspectos: la competencia judicial internacional, la delimitación de competencias entre la Administración Pública y los tribunales, la competencia genérica de los tribunales del orden jurisdiccional penal respecto de los delitos contra la propiedad intelectual y la competencia objetiva, funcional y territorial para conocer de las infracciones cometidas en línea. Constituye el punto de partida del examen de la competencia el hecho de que, cuando los derechos de propiedad intelectual son infringidos en Internet haciendo uso de los diferentes modelos de explotación, no existe previa relación contractual entre las partes implicadas. En consecuencia, se trata de un ilícito de naturaleza civil y, en concreto, de un supuesto de responsabilidad civil extracontractual que legitima al titular de derechos para ejercer las acciones de indemnización, de cese y de publicación de la sentencia, así como para solicitar medidas cautelares que garanticen la efectividad de la resolución que finalmente se dicte. En defecto de regulación más específica sobre la materia –propiedad intelectual, Internet, y responsabilidad civil extracontractual-, el estudio de la competencia judicial internacional de la jurisdicción española se realiza a partir de las normas previstas en el RBI bis –atendiendo a la interpretación realizada por el TJUE para nuestro supuesto de hecho-; y, de manera subsidiaria, a partir de la regulación prevista en la LOPJ. En ambos casos, se pone de manifiesto que existen diversidad de foros que permiten a los órganos jurisdiccionales conocer de las infracciones contra los derechos de propiedad intelectual cometidas en Internet –sumisión tácita, domicilio del demandado, lugar del hecho causante del daño, lugar de materialización del daño…-, aplicables, incluso, cuando el demandado no tiene su domicilio dentro del territorio de la Unión Europea. Sin embargo, este examen se realiza de forma crítica sobre la base de las características de los ilícitos que son objeto de estudio; de modo que, si bien es cierto que podrá atribuirse competencia a los tribunales españoles en situaciones que estén mínimamente vinculadas a nuestra jurisdicción, el demandante deberá valorar si le interesa interponer su demanda en España atendiendo a las posibilidades de obtener de nuestros órganos jurisdiccionales la tutela judicial efectiva de sus derechos –esto sucederá, p. ej., si el demandado tiene su domicilio en territorio español-. La delimitación de competencias entre la Administración Pública y los tribunales se centra en el examen de las funciones que tiene atribuidas la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual. De acuerdo con la LPI, este órgano administrativo se encarga de velar por la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual en el entorno digital, esto se consigue mediante el denominado procedimiento para el restablecimiento de la legalidad, pudiendo requerir datos para identificar al responsable de la infracción, así como imponer medidas para interrumpir la prestación del servicio o retirar los contenidos infractores. No obstante, si bien en la práctica se ha recurrido a este procedimiento para poner fin rápidamente a las actividades ilícitas, el mismo plantea dos tipos de problemas. De un parte, es cuestionable su necesidad, puesto que la reforma introducida por la Ley 21/2014, junto a la jurisprudencia del TJUE en materia de enlaces, permiten obtener ante los tribunales civiles la tutela judicial efectiva de los derechos de propiedad intelectual –incluso con mayor rapidez-. De otra parte, la atribución de este procedimiento a un órgano administrativo deviene incompatible con la reserva de jurisdicción reconocida en la CE –pues la Sección Segunda está resolviendo un conflicto de derecho privado entre particulares- y, adicionalmente, puede derivar en conflictos de jurisdicción entre la Administración y un órgano jurisdiccional, e, incluso, en conflictos de competencia entre órganos jurisdiccionales de distinto orden –civil y contencioso-administrativo-. Cuando la explotación ilícita de la propiedad intelectual en Internet es constitutiva de delito, la competencia genérica para conocer de los mismos corresponde a los tribunales del orden jurisdiccional penal. En este sentido, la reforma del CP introducida en virtud de la LO 1/2015, ha incrementado la protección penal de estos derechos en el entorno digital y ha mejorado la redacción del tipo delictivo; siendo relevante, para nuestro trabajo, diferenciar en qué supuestos estaremos ante un ilícito civil y cuándo se tratará de una conducta constitutiva de delito. Ahora bien, aun cuando las infracciones de derechos de propiedad intelectual cometidas en Internet sean delictivas, conforme al art. 272.1 del CP la responsabilidad civil derivada de los delitos se regirá por las normas de la LPI sobre cese de la actividad ilícita e indemnización de daños y perjuicios, siendo de aplicación lo expuesto a propósito de los arts. 138 y ss. de la LPI –sin perjuicio de las particularidades propias del proceso penal y de la responsabilidad penal-. El estudio de la competencia termina con las cuestiones relativas a la competencia objetiva, funcional y territorial de los tribunales del orden jurisdiccional civil para conocer de las infracciones cometidas en línea. La competencia objetiva y funcional no plantea problemas en el estado actual, correspondiendo la misma a los Juzgados de lo Mercantil, para conocer en primera instancia, y a las Secciones especializadas de lo Mercantil en las Audiencias Provinciales, para conocer en segunda instancia. Esta competencia ha de extenderse al proceso civil en su integridad, lo que incluye las diligencias preliminares, las medidas cautelares, la práctica de prueba anticipada y el aseguramiento de la prueba. Por su parte, la competencia territorial es de carácter imperativo, lo que impide a las partes disponer de la misma mediante sumisión expresa o tácita; no obstante, la LEC reconoce al demandante la facultad de elegir entre una serie de fueros que, dadas las características de Internet, conducirán, en la mayoría de infracciones, al Juzgado de lo Mercantil del lugar donde el demandado tiene su domicilio. Finalmente, es habitual en esta materia la acumulación de acciones, así como la pluralidad de sujetos demandados, independientemente de que estemos ante una acumulación objetiva u objetivo-subjetiva, conforme al art. 53.1 de la LEC corresponderá la competencia al tribunal que deba conocer de la acción que sea fundamento de las demás. El segundo capítulo constituye un examen pormenorizado de todas las cuestiones de legitimación –activa y pasiva- respecto de las infracciones cometidas en línea contra los derechos de propiedad intelectual. El objetivo de este capítulo es doble, de una parte, pretende responder a la pregunta de quién puede interponer la demanda para solicitar la protección de estos derechos; de otra parte, intenta resolver la duda de contra quién presentar la demanda dada la concurrencia de pluralidad de sujetos implicados en la infracción. En materia de propiedad intelectual, es posible distinguir hasta tres categorías diferentes de legitimados activos. En primer lugar, los titulares de los derechos que han sido objeto de explotación ilícita en Internet están activamente legitimados para solicitar su tutela judicial ante los órganos jurisdiccionales. Se trata de una legitimación ordinaria derivada de la titularidad de un derecho subjetivo, que adicionalmente, se reconoce de forma expresa en el art. 138.I de la LPI. Si bien en Internet siempre son dos los derechos de explotación infringidos: reproducción y puesta a disposición del público, los titulares que están legitimado para ejercer las acciones de los arts. 138 y ss. de la LPI varían en función de la obra que haya sido ilícitamente explotada. De este modo, se distingue entre el régimen al que quedan sujetos los legitimados por ser titulares de los derechos de autor –como autor de la obra o como creador en régimen de coautoría- y el régimen que corresponde a los legitimados por ser titulares de derechos afines o conexos –artistas intérpretes o ejecutantes, productores, entidades de radiodifusión…-. En segundo lugar, la legitimación activa ope legis se reconoce en virtud del art. 48.I de la LPI a favor del cesionario en exclusiva de los derechos de propiedad intelectual; de este modo, nuestro ordenamiento jurídico atribuye a estos sujetos, mediante sustitución procesal, una posición legitimante que les permite ejercer en nombre propio derechos cuya titularidad no les corresponde. Cuando el cesionario lo es en exclusiva de los derechos de reproducción y de puesta a disposición del público, podrá ejercer las acciones de la LPI para solicitar su tutela frente a las infracciones cometidas en Internet. En cambio, carecen de legitimación para ejercer las referidas acciones frente a los ilícitos en línea, quienes son cesionarios de derechos de explotación distintos sobre las obras infringidas en Internet –p. ej., el derecho de distribución o el derecho de comunicación pública que no comprenda el de puesta a disposición-, así como, quienes no son cesionarios en régimen de exclusividad de los derechos de reproducción y de puesta a disposición de público; en ambos supuestos, los referidos cesionarios pueden intervenir en el proceso para la tutela de los derechos de propiedad intelectual mediante la intervención adhesiva simple o, si lo estiman, demandar a los infractores conforme a la LCD por haber realizado actos de competencia desleal. En tercer lugar, las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual disponen de legitimación extraordinaria, reconocida por el art. 150 de la LPI, para actuar como demandantes en un proceso civil que tenga por objeto la protección de los derechos que se encargan de gestionar. Si bien en estos casos no se trata de la defensa en juicio de los derechos de propiedad intelectual de gestión colectiva obligatoria ex lege, su legitimación activa extraordinaria debe extenderse a las acciones dirigidas a obtener la indemnización, el cese y/o la publicación de la sentencia frente a las infracciones cometidas a través de Internet a gran escala. Lo indicado se justifica en el hecho de que deviene necesario que los derechos de propiedad intelectual sean protegidos mediante una legitimación colectiva, dadas las particulares características de este tipo de infracciones –complejidad de los modelos de explotación ilícita, volumen de contenidos protegidos que se ofrecen, elevado número de titulares afectados…-. Lo indicado ha de entenderse sin perjuicio de que las entidades de gestión actúen en el marco de un proceso civil en defensa de intereses particulares de uno o varios de sus representados; en tales casos, estaremos ante un supuesto de representación voluntaria que la entidad de gestión deberá acreditar para poder convertirse en parte. Mayor complejidad presenta el número sujetos que, dada su participación en las actividades ilícitas, merecen la consideración de legitimados pasivos conforme al art. 138 de la LPI. El presente trabajo de investigación sistematiza en tres categorías los diferentes agentes que pueden ser demandados por su vinculación con las infracciones cometidas en línea: infractores directos, infractores indirectos e intermediarios que mantienen una postura neutral. En primer lugar, los sujetos que intervienen en los ilícitos como infractores directos; de acuerdo con el art. 138.I de la LPI, serán todos aquellos que realicen, por sí mismos, actos de reproducción o actos de puesta a disposición del público de contenidos protegidos. En el estado actual de desarrollo de la tecnología esto nos obliga a diferenciar tres tipos de agentes que son objeto de examen detallado en el trabajo de investigación: el proveedor de contenidos –con especial referencia a las diferencias existentes, en función de las características del sitio de Internet, entre el titular de la página-proveedor de contenidos y el alojador 2.0 como categoría de prestador intermediario-, el usuario –distinguiendo entre el que se limita a disfrutar de las obras y el que participa activamente como proveedor de contenidos-, y los enlazadores –diferenciando en función del tipo de página o buscador de enlaces, así como según el tipo de enlace: profundo o de superficie-. Los matices entre los distintos agentes son importantes, en cuanto repercuten en el régimen jurídico al que quedan sujetos. En segundo lugar, los sujetos que intervienen en los ilícitos como infractores indirectos a la luz del nuevo art. 138.II de la LPI; este epígrafe se divide en dos partes claramente diferenciadas. La primera parte, pretende dotar a las tres conductas tipificadas en la referida disposición, de una interpretación adaptada a los ilícitos cometidos en Internet; por este motivo, se centra en conceptualizar las actividades que puedan considerarse inducción a sabiendas de la conducta infractora, cooperación con la conducta infractora conociéndola o contando con indicios razonables para conocerla y tener interés económico directo en los resultados de la conducta infractora y capacidad de control sobre la misma. La segunda parte, expone, a partir de las características de cada uno de los modelos de explotación ilícita, quienes son los sujetos que, sin realizar por sí mismos actos de reproducción y de puesta a disposición del público, sí que llevan a cabo actividades susceptibles de incluirse entre las tipificadas como infracciones indirectas –responsables del programa P2P, alojadores 2.0, enlazadores de superficie…-. En tercer lugar, los sujetos que actúan como prestadores de servicios de intermediación y mantienen una postura neutra respecto de las infracciones cometidas en Internet. La legitimación pasiva de estos agentes que no son infractores está reconocida expresamente en el art. 138.IV de la LPI; esta norma permite que sea ejercida contra los intermediarios la acción de cese, solicitando a estos prestadores que suspendan el servicio a través del cual se infringen los derechos de propiedad intelectual. Será posible demandar a cualquiera de los prestadores intermediarios regulados en la LSSI, aunque estén exentos de responsabilidad por los ilícitos cometidos haciendo uso de su servicio; no obstante, habrá de examinarse la posibilidad de que sean demandados como infractores directos –esto sucederá con los enlazadores- o como infractores indirectos –algo que puede tener lugar con los alojadores 2.0-. Como se demuestra en el cuarto capítulo, son particularmente relevantes las acciones –y las medidas cautelares- dirigidas contra el proveedor de acceso a Internet y el prestador de servicios de alojamiento; esta importancia reside en la posición que ocupan en los modelos de explotación ilícita, que les permite controlar –o, al menos evitar- las actividades infractoras. El tercer capítulo se centra en el estudio de un aspecto muy concreto del proceso civil: las diligencias preliminares dirigidas a obtener la identidad del legitimado pasivo –un mecanismo de tutela que deviene esencial en nuestro supuesto de hecho-. El objetivo del mismo es responder a la cuestión de cómo averiguar los datos necesarios para interponer la demanda frente al infractor que se oculta tras el anonimato que ofrece Internet. Si bien en materia de propiedad intelectual ya existían diligencias preliminares reguladas expresamente en la LEC, las mismas no podían utilizarse como base para averiguar la identidad de quien infringía derechos de propiedad intelectual en Internet. La situación cambia con la reforma operada por la Ley 21/2014; esta norma introduce en el art. 256 de la LEC dos diligencias preliminares dirigidas a obtener los datos necesarios del prestador de servicios o del usuario cuando existan indicios razonables de que están realizando actos de puesta a disposición, o actos de difusión, de contenidos protegidos por la propiedad intelectual. Ambas diligencias quedan sujetas a una serie de requisitos no exentos de controversia, puesto que no solo carecen de claridad en algunos aspectos, sino que, según el modo en que se interpreten, pueden restringir considerablemente su aplicación –y, en consecuencia, su utilidad-. A esto debe añadirse que, en el plano real, no siempre es sencillo obtener la información previa a partir de la cual solicitar a los tribunales la diligencia dirigida a averiguar la identidad del infractor –p. ej., conocer el prestador de servicios que será sujeto pasivo de la diligencia y nos proporcionará los datos del prestador infractor, o averiguar la dirección IP y que esta, efectivamente, nos dirija al usuario que cometió las infracciones-. En nuestro trabajo de investigación se propone una interpretación de estas diligencias preliminares que, respetando lo establecido en la propia norma, evite vaciarlas completamente de contenido y haga posible su aplicación sin excesivas trabas jurídicas que se añadan a las dificultades que, por sí misma, presenta la diligencia en el plano real. El cuarto capítulo se dedica al estudio de todas las cuestiones relativas a las diferentes modalidades de tutela para proteger los derechos de propiedad intelectual frente a los ilícitos cometidos en Internet. El objetivo de este capítulo es responder a la pregunta de qué puede solicitarse y obtenerse como condena frente a los responsables –directos e indirectos- de la infracción, así como frente a los prestadores de servicios de intermediación; esto es, el objeto mediato o prestación que el demandante puede exigir al demandado. Para dar respuesta a esta cuestión son estudiadas todas las modalidades de tutela en relación con las infracciones en línea de los derechos de propiedad intelectual; de este modo, se examina la tutela de condena al cese de la actividad ilícita, la tutela de condena a la indemnización de daños y perjuicios, la tutela de condena a la publicación de la sentencia, la tutela ejecutiva y la relevancia de la tutela cautelar para garantizar la efectividad de la sentencia. En todo momento, se plantea cuál constituye, en nuestra opinión, la mejor estrategia procesal a efectos de obtener una tutela judicial efectiva de los derechos de propiedad intelectual –qué pedir, contra quién pedirlo y con qué orden de preferencia-. Sin perjuicio del ejercicio de otras acciones, en el presente trabajo de investigación se examinan las tres modalidades de tutela de condena que pueden obtenerse mediante el proceso civil de declaración –que, si bien constituyen pretensiones distintas, generalmente se solicitan de manera acumulada-. En primer lugar, conforme al art. 139 de la LPI es posible obtener la tutela de condena al cese de las actividades ilícitas, frente al infractor directo y frente al infractor indirecto. Este precepto no ha sido modificado por la Ley 21/2014, por este motivo, en nuestro trabajo se intenta ofrecer una interpretación del mismo que permita aplicarlo a los ilícitos contra la propiedad intelectual cometidos a través de Internet. Esta interpretación que posibilite la extensión de la referida norma a nuestro supuesto de hecho, se realiza en relación con las pretensiones de suspensión de la actividad infractora, de prohibición de reanudar los ilícitos, de inutilización de los instrumentos destinados a la reproducción y de remoción de los aparatos utilizados para la comunicación pública. Asimismo, se expone el modo en que debe hacerse efectivo el cese frente a los intermediarios a la luz de la reciente jurisprudencia del TJUE. En segundo lugar, de acuerdo con el art. 140 de la LPI, es posible obtener la tutela de condena a indemnizar los daños y perjuicios causados; esta norma debe ponerse en relación con el art. 138.II, pues al reconocer que los infractores indirectos tendrán la consideración de responsables de la infracción, permite afirmar que, entre estos y los infractores directos, se establece una responsabilidad solidaria respecto de la cuantía total a indemnizar. Ahora bien, puesto que los diferentes sujetos implicados en el modelo de explotación ilícita lo están por haber realizado diferentes actuaciones, en ningún momento se establecerá entre estos una situación de litisconsorcio pasivo necesario, ya que, cada una de sus actividades, por sí misma, tienen entidad suficiente para ser considerada infracción, y la pretensión frente a cada uno tendrá su propio objeto mediato. A lo indicado debe añadirse que la cuantía que se reclame incluirá el daño emergente y el lucro cesante; a efectos de su fijación, la LPI permite recurrir al criterio basado en las consecuencias económicas negativas que la infracción ha causado al titular de derechos, o, indistintamente, al criterio basado en las regalías o los cánones que hubiera percibido el titular de derechos a cambio de consentir los actos de explotación. En tercer lugar, en el marco del proceso de declaración también puede solicitarse la condena a la publicación de la sentencia, esto es así en cuanto lo reconoce expresamente el art. 138.I in fine de la LPI. Se trata de una acción de carácter accesorio puesto que únicamente será estimada si se reconoce la existencia de infracción. Asimismo, será necesario que el demandante fundamente la tutela solicitada sobre la base de un interés jurídico diferente al que queda cubierto por la acción de cese y/o la acción de indemnización; esto puede justificarse en la finalidad informativa y preventiva que presenta la difusión de una sentencia de condena por actividades ilícitas. En relación con las infracciones contra los derechos de propiedad intelectual cometidas en Internet, es interesante recurrir a las páginas web o programas de intercambio infractores para que se de publicidad, a través de estos medios, a la sentencia de condena. Para el caso de que no se cumpla voluntariamente la condena impuesta en el proceso de declaración, este trabajo de investigación concreta el modo en que debe articularse la tutela ejecutiva. Ahora bien, dadas sus especialidades en relación con otras tutelas ejecutivas, el estudio se centra exclusivamente en la ejecución de las diferentes conductas, de hacer y de no hacer, que pueden imponerse en la sentencia de condena al cese de las actividades ilícitas. Nuestro estudio explica los diferentes instrumentos ejecutivos que prevé nuestro ordenamiento jurídico, para ello atiende a dos aspectos: el tipo de obligación que impone la sentencia de condena y las características del sujeto demandado que ha de cumplir con el cese. Es particularmente relevante la distinción entre, de una parte, los instrumentos ejecutivos ante el incumplimiento de la condena al cese por parte de los infractores directos e indirectos; y, de otra parte, los instrumentos ejecutivos frente al incumplimiento de la condena al cese por parte de los prestadores de servicios de intermediación. En cualquier caso, todos los supuestos vinculados al cese de las actividades ilícitas constituyen obligaciones de carácter no personalísimo, por lo que cabe encomendar su ejecución a un tercero. Pone punto y final al cuarto capítulo la tutela cautelar regulada en el art. 141 de la LPI, aunque sujeta, adicionalmente, a las disposiciones generales de la LEC. La protección cautelar puede obtenerse para cualquiera de las tutelas de condena que son estudiadas en nuestro trabajo, sin embargo, es particularmente relevante en relación con el cese de las actividades ilícitas. Las medidas cautelares de cese responden a una doble finalidad, en cuanto garantizan la efectividad de la tutela judicial que se otorgue mediante sentencia estimatoria y, al mismo tiempo, anticipan órdenes y prohibiciones de naturaleza cautelar cuyo contenido sea similar a lo pretendido en el proceso. Igual que sucedía con la tutela de condena al cese, estas medidas cautelares también exigen que las previsiones de la LPI sean interpretadas de modo que permitan su aplicación a las infracciones cometidas en línea. Esto permite solicitar la tutela cautelar frente al titular de la página web infractora, los responsables del programa P2P, el usuario que pone a disposición del público contenidos y el intermediario que ofrece los servicios utilizados para infringir la propiedad intelectual. El procedimiento para la adopción de estas medidas se rige por lo establecido en la LEC; en este sentido, se defiende la importancia de recurrir a las excepciones que permiten solicitar la medida antes de interponer la demanda –a efectos de preparar mejor su redacción, en una materia tan compleja-, así como solicitar que sean adoptadas sin respetar la audiencia previa del demandado –para mantener el factor sorpresa y evitar el riesgo de ponerlo en su conocimiento-. La conclusión general alcanzada tras la realización de este trabajo de investigación es que, en los últimos años, debido a la actividad del legislador español y del TJUE, se ha ido configurando un nuevo marco jurídico que mejora la tutela de los derechos de propiedad intelectual frente a las infracciones cometidas en Internet. Esto ha permitido que, progresivamente, se fueran cubriendo tanto las tradicionales deficiencias del sistema, como la falta de seguridad jurídica sobre algunos aspectos. En relación con estas mejoras, una serie de conclusiones son expuestas como cierre a nuestra investigación; asimismo, también son expuestas otras cuestiones que, a nuestro entender, continúan precisando la introducción de modificaciones. Sin embargo, obtener la tutela judicial efectiva frente a estos ilícitos sigue presentándose en la actualidad como un reto; este reto exige conocer las características de los diferentes modelos de explotación y utilizar correctamente los instrumentos procesales que ofrece nuestro ordenamiento jurídico.Under the title “Copyright on the Internet. Challenges of its judicial protection”, this doctoral thesis is aimed at analysing whether, under Law as it currently stands, our legal system offers adequate and appropriate mechanisms of judicial protection in order to protect copyrights from infringements committed online. The initial hypothesis of this research study is that in recent years, our National Law, along with European Union Law, have set forth a system which enables to obtain copyright legal protection before the Spanish courts. Nevertheless, the efficiency of this judicial protection poses a challenge and in order to overcome this challenge, it is necessary to know the particularities of the subject and to use the different procedural mechanisms correctly. For the stated purpose, our research uses as a point of departure the legal reality that is subject matter of the thesis (i.e., the three models of illicit exploitation of copyrights that coexist at present on the Internet), just as substantive law provisions that regulate the topic (notably, copyrights regulated in the Spanish Copyright Act, as well as Internet service providers regulated in the Spanish Information Society and Electronic Commerce Services Act). Notwithstanding, this doctoral thesis is presented from the perspective of Civil Procedural Law, and is divided in four chapters in line with the main procedural institutions studied: court jurisdiction, standing and defendants, preliminary proceedings and forms of relief. As is apparent from their titles, the subject of each chapter is to provide an in-depth examination of the Procedural Law key issues regarding the legal problem that copyright infringements committed on the Internet suppose. By doing so, at the end of our research an answer to the following questions is provided: where it is possible to sue, who can bring such a legal action, against whom should the legal action be taken, how to discover the identity of the infringer and what could be requested. The methodolody used for the elaboration of this doctoral dissertation is the same as that employed in any legal research work. The object being to examine the possibilities offered by the Spanish Civil Procedure to resolve conflicts derived from a non-authorised use of copyright-protected content. The initial point of our research is the existence of rules regulating the topic; nonetheless, these rules (originally envisaged for the analogue world) require to be interpreted in order to allow their entire application to the specificities of copyright infringements committed on the Internet. In order to achieve this aim, two research methods have been used, in a cross-cutting way, throughout our study. On the one hand, the legal-descriptive method, used to present the different substantive and procedural features of the subject matter in a systematised manner. On the other hand, the legal-proposing method, used to put forward solutions to interpretative problems and to offer a proposal for future reform with regard to legal loopholes. Besides that, the sources of information employed for the composition of this doctoral thesis have been the same as those of any legal research work: sources of law, case-law, academic doctrine and informative materials related to the current reality of the problem. These sources have served to cover the three aspects deemed necessary to understand for the purpose of elaborating the presented research work: the reality of the legal problem studied (i. e., the Internet, models of illicit exploitation and how they work), the substative law (issues on copyright and information society) and the procedural law (concerning court jurisdiction, parties before the court, preliminary proceedings and forms of redress). Due to their current interest, and the fact that they have offered a new framework to the subject matter, among the mentioned sources of information, there have become particularly important the Spanish Act 21/2014 (which amends Spanish Copyright Act and Spanish Civil Procedure Act), as well as ECJ case-law (which has interpreted in recent years some of the difficult issues). After exposing the aims of this study and the methodology used, the most significant aspects of our research should be pointed out, moreover, the final conclusions should be set out. The starting point of this research study is the fact that intangible assets find on the Internet an ideal means for their wide diffusion. With reference to copyrights, the development of technology has lead to the emergence of models of exploitation based on carrying out acts of reproduction of copyright-protected content (exclusive right according to article 18 of Spanish Copyright Act), as well as acts of making the copyright-protected content available to the public (exclusive right according to article 20.2.i) of Spanish Copyright Act). At the present time, three models of illicit exploitation online of these rights coexist: streaming, direct downloading and peer-to-peer network exchange, being the main feature of all of them the number of individuals who play a part in the model of exploitation. Streaming consists of enjoying the works online without downloading any files (it is only needed to store a temporary copy of the work in the data buffer of the electronic device). Direct downloading implies obtaining a file that is stored on a permanent form on the user’s electronic device (it is possible to make new copies of the work from this file). By using a peer-to-peer network exchange, the user also downloads a file that could be reproduced and could result in new copies; nevertheless, while the first and the second model of exploitation are set in motion from an Internet site (it being sufficient to have a web browser), the peer-to-peer exchange requires a previous software installation that, by using a complex engineering, articulates a download from a link containing the necessary information to embed the file from the hard drives of the different users (peers), who are plugged in the peer-to-peer network at that moment. All these models of exploitation, when they are used to carry out acts of exploitation withoug having obtained the authorisation of the copyright holder (and it is not possible to include them within the limits accepted by Spanish Copyright Act), deserve the qualification of illicit. The acts of reproduction and the acts of making the copyright-protected content available to the public, constitute what has been called piracy on the Internet. The above-mentioned illicit activities benefit from the anonymity provided by the Net, and they allow Internet users to enjoy copyrighted works wihout compensating the copyright holder. In addition, these illicit activities are building, around the models of illicit exploitation, an economic infraestructure in which a plurality of individuals participate. In this way, by using the Internet, infringements against copyrights are committed, these infringements are characterised by their ongoing development in the course of time and by causing damage to an exponential growth. This legal research studies the way in which the copyright holder can obtain legal protection of their rights before the Spanish courts. The first chapter is intended to study the issues related with courts jurisdiction. The aim of this chapter is to answer the question as to where to bring the action (in other words, which is the competent and appropiate Spanish court to decide the case when copyrights have been infringed across the Internet). In order to address this question, there are four aspects that need to be examined: the Spanish international jurisdiction, the delimitation of competences between the Public Administration and the Courts, the extend of jurisdiction of the Spanish Criminal courts with regard to crimes committed against copyright and the objective, functional and territorial competence of the Spanish civil courts to hear the case on infringements committed online. The initial point of our jurisdiction exam is the fact that, when copyrights are infringed on the Internet by using the different models of illicit exploitation, there is not a previous contractual relationship between the parties involved. Therefore, it constitutes an illicit of civil nature and, in detail, it is a case of non-contractual civil liability. For this reason, the copyright holder is entitled to bring legal actions of compensation, cessation and publication of the judicial decision, as well as to apply for a precautionary measure to guarantee the effectiveness of the sentence eventually pronounced. In the absence of any more specific regulation on the topic (copyright, the Internet, and non-contractual liability), the study of the international jurisdiction of the Spanish courts is carried out from the rules provided in the Brussels I Regulation Recast (as they have been interpreted by the ECJ for the set of facts of our study). Moreover, but in a subsidiary manner, the study is carried out from the regulation provided in Spanish Law on the Judiciary. In both cases, it is brought to light that there is a diversity of forums of jurisdiction that allow Spanish courts to deal with the case on copyright infringements committed on the Internet (implied prorogation of jurisdiction, the domicile of the defendant, place where the damage occurred, place of materialisation of the direct damage and so on). These forums could be applied even when de defendant is not domiciled within the territory of the Member States of the European Union. Notwithstanding, this examination is carried out from a critical perspective on the basis of the characteristics of the illicits which are being studied. Therefore, if it is true that jurisdiction could be conferred to Spanish courts in situations marginally linked to our State, the plaintiff should assess whether it is convenient to file a complaint in Spain. In order to do so, the plaintiff should consider the possibilities of obtaining the effective legal protection of their rights from the Spanish courts (this will happen, for instance, if the defendant is domiciled within the territory of the Spanish jurisdiction). The delimitation of competences between the Public Administration and the Courts is focused on the study of the different functions that have been assigned to the Second Section of the Spanish Copyright Commission. According to Spanish Copyright Act, this administrative authority is in charge of ensuring the safekeeping of copyrights in the digital realm. This assignement is achieved by using the so-called procedure in order to re-establish the legality, in order to do so, the Second Section could request the identifying data from the alleged infringer, as well as impose restrictive measures geared towards the suspension of the information society service or the withdrawal of the illegal content. Nevertheless, even though copyright holders and legal practitioners have recoursed to this procedure to re-establish the legality in order to put infringements to an end in a prompt way, the procedure poses two types of problems. On the one hand, the need of this procedure could be questioned, especially because the reform introduced by Spanish Act 21/2014, together with ECJ case-law on Internet links, allow to obtain before the Spanish civil courts effective judicial protection of copyrights –albeit at a greater speed. On the other hand, the assignement of this procedure to an administrative authority is not compatible with the Spanish Constitutional principle which reserves jurisdiction exclusively to Courts (and, in this case, the Second Section is solving a private law dispute between two individuals). In addition, this assignement to an administrative authority could result in a jurisdiction conflict between the Administration and a judicial body, or even in competence problems between judicial bodies from different judicial orders (civil and administrative). When copyright illicit exploitation on the Internet constitutes a crime, jurisdiction to deal with the case lies at the Spanish Criminal courts (to the detriment of Spanish Civil courts). Accordingly, the Spanish Criminal Code reform introduced by Spanish Organic Act 1/2015 has increased criminal protection of these rights in the digital realm and has improved the wording of this specific crime. For the purpose of our research, it is particularly relevant to distinguish in which cases the infringements committed will be a civil wrong and when they will be a conduct which constitutes a crime. However, even though copyrights infringements committed on the Internet constitute a crime, according to article 272.1 of Spanish Criminal Code, civil claims for damages based on acts giving rise to criminal proceedings are regulated by Spanish Copyright Act. In these cases, rules on compensation for damages and cessation of the illicit activities provided in articles 138 to 141 of Spanish Copyright Act will be applied by criminal courts according to what is exposed in this research study (without prejudice to the respect of the criminal proceedings and liability special features). The study of courts jurisdiction is completed with questions concerning the objective, functional and territorial competence of the Spanish civil courts to deal with infringements committed on the Internet. The objective and functional competence does not pose any problem on the current state, this competence belongs to Commercial Courts, in order to solve the conflicts on the first level of judicial review, and to the Specialised Section of the Regional Courts at second instance. This competence should be extented to the civil procedure in its entirety, this includes preliminary proceedings, precautionary measures, appraisal of the evidence in advance and preserving evidence. In respect of territorial competence, it has a mandatory nature, hence the parties are not able to freely dispose of it by using the prorogation of jurisdiction (implied or prior agreement). Nonetheless, Spanish Civil Procedure Act confers to the plaintiff the right to choose between a range of forums that, due to the characteristics of the Internet, will lead to the Commercial Court of the place where the defendant is domiciled in the majority of the infringements. Finally, when it comes to copyright infringements on the Internet, it is common to find the consolidation of actions as well as the diversity of defendants. Irrespective of having an objective consolidation or an objective-subjective consolidation, according to article 53.1 of Spanish Civil Procedure Act, the court which has competence over the action that is basis for the others will have competence to deal with all the claims. The second chapter offers a detailed examination of all the questions regarding standing and defendants related to infringements commited against copyrights online. This chapter has a twofold aim, on the one hand, it is intended to answer the question of who is entitled to bring an action in order to seek legal redress of these rights. On the other hand, it tries to solve the query of against whom it is possible to file a lawsuit provided the turnout of a plurality of subjects involved in the infringement. In terms of copyrights, it is possible to distinguish three different types of applicants with interest in bringing proceedings (these are the only ones entitled to file a lawsuit). In the first place, the holders of copyrights that have been illicitly exploited on the Internet are entitled to request legal protection before the Spanish courts. They have what it is called an ordinary standing, derived from the ownership of copyrights (a subjective right), this entitlement is explicitly recognised in article 138.I of Spanish Copyright Act (even though this express provision was not necessary). On the Internet there could only be infringed two exclusive rights of exploitation: the right of reproduction and the right of making available to the public. Despite this, the copyright holder entitled to bring legal actions provided under articles 138 to 141 of Spanish Copyright Act changes in accordance with the protected work that has been illicitly exploited. Because of that, our research differentiates the statutory regim to which strictly copyright holders would be subject, i.e., the rights of the author (a concept that only includes the author of the work and the different creators of a coauthored work). As well as the statutory regim which corresponds to holders of rights related to copyrights, who are also entitled to bring legal actions (this concept includes performers, producers of phonograms and films, broadcasting organisations among other agents). In the second place, there is what is known as an ope legis standing, recognised under article 48.I of Spanish Copyright Act in favour of the exclusive copyrights assignee. In this manner, our legal framework confers to these subjects a legitimised position by means of a procedural substitution provided by law. It allows the exclusive assignee to exercise on his own behalf rights whose holder is another person. When the assignee has the exclusive over the two copyrights that could be infringed on the Internet: reproduction and making available to the public, they would be entitled to bring the legal actions under Spanish Copyright Act to protect these rights against infringements committed on the Internet. By contrast, there are two kinds of assignees who are not entitled to exercise the above-mentioned legal actions to protect copyrights from illicited activities performed online. On the one hand, assignees whose cession involves exploitation rights over the works infringed on the Internet but do not include reproduction rights nor the right of making available to the public. On the other hand, the non-exclusive assignees of reproduction rights and the right of making available to the public. In both cases, the assignee could only be part as an intervener of the civil procedure based on Spanish Copyright Act and started by those who are entitled. In addition these assignees are entitled to file a lawsuit against the infringer under Spanish Unfair Competition Act and on the grouds of unfair trade. In the third place, manegement entities of copyrights have what is called an extraordinary standing. These entities are entitled under article 150 of Spanish Copyright Act to take action as plaintiffs on a civil procedure aimed at protecting copyrights whose management have been entrusted to them. In these cases, the management entity will not file a lawsuit to protect copyrights characterised by being of mandatory collective management by law. Nonetheless, the extraordinary standing of the management entity should be extended to legal actions geared towards obtaining compensation, cessation and publication of the judicial decision against infringements committed on a large scale on the Internet. What has been stated is justified particularly in the need for protecting copyrights through a collective standing, on account of the special features of this type of infringements (technical complexity of the models of illicit exploitation, the amount of copyright-protected content that is offered, the large number of copyright holders affected and so on). Be that as it may, this does not prevent management entities from acting in a civil procedure defending particular interests of one or several of their represented. In these cases, the management entity should prove its voluntary representation in order to take parte of the civil proceure as a plaintiff. The higher number of subjects that could be part of the civil procedure as respondents due to their involvement in illicit activities introduces greater complexity to our study. In this research, the different agents that could become defendants according to article 138 of Spanish Copyright Act are systematised in three categories. It has been systematised by using the criterion of their links with the infringements committed online: direct infringer, contributory infringer and intermediary service providers whose position is neutral. First of all, the subjects that take part in the infringement as direct infringers. According to article 138.I of Spanish Copyright Act, this category includes all the agents that carry out, by themselves, acts of reproduction or acts of making copyright-protected content available to the public. In the current state of techonology development, it is necessary to differentiate three types of agents who are examined thoroughly in our research. First, the content provider, with particular reference to the differences between the website owner-content provider and the host 2.0 as a type of intermediary service provider. Second, the user, distinguishing between the user who only enjoys the works offered and the user who plays an active role acting as a content provider. And, third, the linker (the agent who offers links), this requires to differentiate in accordance with the type of website or search engine, as well as the characteristics of the link: deep linking or surface linking. As it is explained in our study, the nuances between all the different agents are important to the extend that they have an effect on the legal regim that is applied to each one of the subjects. Secondly, the subjects that take part in the infringement as contributory infringers according to the new wording of article 138.II of Spanish Copyright Act. Our study makes a clear distinction between two parts. The first part intends to provide the three conduct defined in the above-mentioned rule with an interpretation suited to infringements committed on the Internet. For this reason, it is focused on conceptualising those activities that could be seen as knowingly inducing the infringing conduct, cooperation with the infringing conduct knowing it or under reasonable evidence to know it, as well as having a direct economic interest in the results of the infringing conduct and the ability to monitor this. By taking into account the main characteristic of each one of the models of illicit exploitation, the second part exposes the different subjects who, without carrying out by themselves acts of reproduction or acts of making available to the public, are developing activities which could be included among the three conducts described as contributory infringements (agents responsibles of the peer-to-peer software, hosting provider 2.0 and linkers of surface among others). Thirdly, the subjects that are intermediary service providers and maintain a neutral position regarding infringements committed on the Internet. These agents are not infringers, however, article 138.IV of Spanish Copyright Act explicitly recognises that they can act as defendants in a civil procedure aimed at protecting copyrights. This rule entitles the applicant to exercise against these intermediaries the legal action of cessation, claiming the suspension of the service rendered and through which copyrights are being infringed. It is possible to sue any of the intermediary service providers regulated in the Spanish Information Society and Electronic Commerce Services Act, even though they are discharged of any liability regarding the infringements committed by using their service. Nonetheless, it becomes vital to examine the possibility that they could be sued as direct infringers (this could happen with linkers), or as contributory infringers (this could occur with hosts 2.0). As it is shown in the fourth chapter of our research, the cessation action, as well as the precautionary measures, against the Internet access provider and the hosting service provider are particularly relevant. This relevance is due to their position, which allows them to monitor (or at least to avoid), the illicit activities. The third chapter is focus on the study of a very specific aspect of civil procedure: preliminary proceedings aimed at discovering the identity of the future defendant (it constitutes a fundamental mechanism of judicial protection for the subject matter of this thesis dissertation). The third chapter intends to answer the question of how to obtain the necessary information, according to article 399.1 of Spanish Civil Procedure Act, to bring an action against the infringer who is hidden taking advantatge of the anonymity offered by the Internet. Previously, preliminary proceedings for copyright infringements were already regulated in our legal framework, nevertheless they could not be used as a legal base to discover the indentity of the copyright infringer on the Internet. This situation changed with the reform operated by means of Spanish Act 21/2014, this regulation has introduced new provisions under article 256 of Spanish Civil Procedure Act through two preliminary proceedings which allow the future applicant to obtain the data needed to file a lawsuit. These preliminary proceedings can be used to discover the identity of the Internet service provider or the Internet user if there is reasonable evidence that the alleged infringer is making copyright-protected contents available to the public or disseminating these copyright-protected contents. Both preliminary proceedings are subject to a series of requirements which are not uncontroversial. The problem with these requirements is that not only are they unclear regarding some aspects, but also, depending on their interpretation, they can restrict significantly their field of application (and, therefore, their utility). In addition to this, another problem is that, in the real world, it is not always easy to obtain the previous information needed to request these preliminary proceedings to courts in order to discover the identity of the infringer. For instance, it is difficult to know who is the service provider to whom the question will be addressed asking for the data of the infringing provider, also, it is difficult to find out the IP address that will, indeed, direct us to the user who committed the infringements. In our research, an interpretation of these preliminary proceedings is proposed as a way of respecting what has been established by the legislator, but also, with a view to avoid emptying them of content. This interpretation will make it possible to apply these preliminary proceedings without excessive legal hindrances added to the difficulties encountered in the real world to obtain the previous data. The fourth chapter is devoted to the study of the issues concerning the different forms of relief provided by our legal system to protect copyrights against infringements committed on the Internet. The purpose of this chapter is to answer the question of what can be requested and obtained as a sentence against the responsibles (direct or contributory) of the infringement, as well as against intermediary service providers. In order to answer this question the different claims that the plaintiff can demand from the defendant are analysed. It involves the study of all the forms of relief regarding copyright infringements committed online, thus, an examination of the cessation sentence, the compensation sentence, the publication of the judicial decision sentence, the judicial enforcement of the sentence as well as the relevance of interim relief to guarantee the effectiveness of the sentence is conducted. Our research is focused on considering which should be, in our opinion, the best procedural strategy to obtain an effective judicial protection of copyrights (i. e., what should be requested, against whom should it be requested and with which order of preference). Notwithstanding the fact that the exercise of other legal actions is possible, this research examines the three forms of relief regulated under article 138 of Spanish Copyright Act: cessation, compensation and publication of the judicial decision. All of them can be requested as part of the Spanish civil declaratory proceeding, in addition, even though they constitute different claims, they are usually brought together before the court. First, according to article 139 of Spanish Copyright Act, it is possible to obtain a sentence of cessation of the illicit activities, this injunction can be obtained against the direct infringer and against the contributory infringer. This legal provision has not been modified by Spanish Act 21/2014, for this reason, our research is focused on offering an interpretation of this rule that allows its application to infringements committed against copyrights on the Internet. The interpretation that makes it possible to extend the above-mentioned provision to the subject matter of this doctoral dissertation is carried out in connection with the claims of suspension of the illicit activities, prohibition of resuming the infringements, disablement of IT tools employed for reproduction acts and removal of the equipment used to acts of making available to the public. In addition, it is exposed how the injunction of cessation against intermediaries should be implemented by taking into accout the recent case-law of the ECJ. Second, in accordance with article 140 of Spanish Copyright Act, it is possible to obtain a sentence of compensation for the damages caused, it is necessary to link this rule with article 138.II of the same Act. This provision recognises that contributory infringers will be considered responsible for the infringement, by doing so, it makes it possible to affirm that, between the contributory infringers and the direct infringers, joint and several liability is established with regard to the total amount to be compensated. However, due to the fact that the different subjects involved in the model of illicit exploitation have carried out different activities, there will not be established any situation of necessary passive joinder of defendants for the reason that, each one of their activities has sufficient entity by itself to be considered an infringement and the claim against each one of the different infringers will have its own object. It should be added that, the amount eventually claimed will include emerging damage and loss of profits. For the purpose of the determination of this amount, Spanish Copyright Act allows to use the criterion based on the negative economic consequences caused by the infringement to the copyright holder, or, indistincly, the criterion based on the royalties that the copyrights holder would have received in exchange of authorising the acts of exploitation. Third, as part of the Spanish civil declaratory proceeding, a sentence for the publication of the judicial decision can also be requested, this is possible inasmuch as it is explicitly recognised under article 138.I of Spanish Copyright Act. The publication of the judicial decision is a legal action of an ancillary nature, because it will only be upheld by the court if the existence of an infringement is recognised. Similarly, it will be necessary for the plaintiff to support the judicial protection requested on the grounds of a legal interest different from the one that is covered by actions of cessation and compensation. This legal interest could be justified by the informative and preventive purposes of publicating a judicial decision that sentences copyright infringers. Regarding copyright infringements committed on the Internet, it is interesting to use the infringing websites or software to publish the sentence through these media. For the case that the respondent does not voluntarily fulfill the sentence imposed after the declaratory proceeding, judicial enforcement should be articulated by the courts. Due to the particularities of the enforcement of an injunction of cessation, this research is only focused on the enforcement of the different conducts (to make something or cease to make something), that could be imposed in the judicial decision sentencing to bring an end to the illicit activities. Our study explains the diverse enforcement mechanisms provided by our legal system, this is exposed by taking into consideration two aspects: the obligation imposed by the judicial decision and the characteristics of the respondend who must comply with the judgment. Particularly relevant is the distinction between, on the one hand, enforcement mechanisms in case of non voluntary compliance of the sentence of cessation by direct and contributory infringers. On the other hand, enforcement mechanisms in case of non voluntary compliance of the sentence of cessation by intermediary service providers who have maintained a neutral position regarding the infringements. All these cases constitute obligations of non-personal nature, for this reason it is possible to commend its enforcement to a third party. Interim relief against copyright infringements puts a halt to this fourth chapter, this relief is regulated under article 141 of Spanish Copyright Act, although subject, in adddition, to general provisions of Spanish Civil Procedure Act. The precautionary protection can be obtained for any of the different legal actions related to copyright infringements and studied in our research, notwithstanding, this protection is especially relevant in connection with the injunction of cessation of the illicit activities. Precautionary measures of cessation serve a twofold purpose, inasmuch they serve to guarantee the effectivenes of the legal protection granted by a judgment upholding the plaintiff position and, at the same time, they anticipate orders and prohibitions of interim nature whose content is similar to what is claimed in the lawsuit. Also in this case, precautionary measures require to interpret provisions of Spanish Copyright Act in a manner that makes their application possible to infringements committed online. This allows to request interim relief against owners of the infringing website, agents responsible for the peer-to-peer software, users that make copyright-protected content available to the public as well as intermediaries who offer the services used to infringe copyrights. Proceedings to grant these measures are regulated under general provisions of Spanish Civil Procedure Act, in this sense, it is defended that it is important to use the exceptions that allow to request the interim measure before filing the lawsuit (in order to have more time to prepare its wording in such a complex matter), as well as request the adoption of the interim measure without a prior hearing of the defendant (to maintain the element of surprise and to avoid the risk of informing the infringer). After the elaboration of this doctoral thesis, the general conclusion reached is that, in recent years and by diverse legal agents (Spanish legislator and European Court of Justice among others) a new legal framewok has been established. This new framework introduces significant improvements in copyrights protection against infringements commited on the Internet. The improvements have allowed to cover in a gradual manner, the classic shortcomings of the system and the lack of legal certainty regarding some aspects. A set of conclusions on these improvements are exposed at the end of our research, as well as other aspects that still need to be improved. Nevertheless obtaining effective judicial protection against these infringements continues to present itself as a challenge. This challenge requires knowledge on the main features of the different models of illicit exploitation along with using correctly the procedural mechanisms provided by our legal order.