El objeto de estudio en la presente tesis se ha centrado en analizar si realmente fue el franquismo el régimen dictatorial que desarrolló una política represiva de mayor envergadura en la Segunda Enseñanza en comparación con las otras dos dictaduras del sur de Europa: Portugal e Italia. La limpieza política de docentes en España no fue un hecho aislado y excepcional, el mismo combate ideológico, ya se venía fraguando en Europa desde la Primera Guerra Mundial entre antiilustrados e ilustrados, fascistas y antifascistas. En la misma época, los gobiernos de Salazar y Mussolini intentaron también ejercer el control político-ideológico sobre los profesores y planificaron la nacionalización de las clases medias y el adoctrinamiento de sus élites a través la Segunda Enseñanza, pero con mucho menor éxito. En la primera parte se analiza el combate ideológico en las aulas de los institutos durante el periodo de guerra en la retaguardia valenciana. Se desarrollan aspectos como la depuración republicana y la sindicalización forzosa de la docencia, el incremento de la red pública de institutos y la llegada masiva de profesorado evacuado acompañando al gobierno de la República a Valencia. El Gobierno de la República había puesto en marcha un ambicioso plan de construcción de institutos y en paralelo un incremento sustancial de las plantillas del profesorado de secundaria, sobre todo después de que las órdenes religiosas fueran disueltas y se les prohibiera la enseñanza en sus colegios. En el País Valenciano, con los nueve institutos inaugurados por la República la red pública se triplicó y pasó de cuatro (institutos de Valencia, Castellón, Alicante y Requena) a trece centros (con la apertura del Blasco Ibáñez, Instituto Escuela e Instituto Obrero en Valencia, Benicarló, Gandía, Alcira, Elche, Orihuela y Alcoi). El primero de los que se abrieron en Valencia –– tras la expulsión de los jesuitas–– fue el Instituto Escuela en 1932 y el último en entrar en funcionamiento fue el Instituto Obrero en 1937, ambos compartieron espacio en el edificio del colegio San José que había sido propiedad de la orden. Tenemos constancia de que en noviembre se desplazaron a Valencia acompañando al gobierno de la República al menos 50 profesores que se incorporaron a los institutos valencianos en el periodo de guerra. La mayoría eran cursillistas del 33 (profesores encargados de curso), pero también muchos catedráticos de gran prestigio intelectual identificados ideológicamente con la República. La mayoría eran afiliados a FETE-UGT y militantes de partidos del Frente Popular, que venían ejerciendo la docencia en los institutos de más solera de Madrid o en los de nueva creación ––ahora cerrados o convertidos en cuarteles militares–– y habían tenido cargos políticos de responsabilidad en el Ministerio de Instrucción Pública. Los profesores llegados a Valencia ocuparon las plazas de nueva creación, las que se habían producido por incorporación al frente de sus titulares y las que la depuración docente republicana había dejado vacantes. La depuración republicana (que no fue exclusiva de la enseñanza sino que afectó a toda la Administración del Estado) debe ser contextualizada en un periodo más amplio, que tiene sus inicios en 1931 con la “guerra escolar” que levantaron las medidas legislativas de secularización de la educación y de separación Iglesia-Estado impulsadas por el gobierno republicano. En 1932 se decretó la disolución de la Compañía de Jesús y en 1933 se aprobó la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas que prohibía la enseñanza a las órdenes religiosas. Estas normas y otras ––ya presentes en la Constitución de 1931–– de reconocimiento de la laicidad del Estado, divorcio, matrimonio civil y enseñanza laica desataron una verdadera guerra escolar y abocaron a un encendido combate ideológico entre dos visiones contrapuestas de la enseñanza. Una serie de decretos legislativos aparecidos en la Gaceta de Madrid agosto y septiembre de 1936 y en febrero de 1938 apartaron de la enseñanza al personal considerado “desafecto”. El Ministerio de Instrucción Pública cesó al 50 por cien del total de los profesores que ejercían en los institutos del País Valenciano con anterioridad a la guerra. El grueso de la criba se produjo durante la etapa del ministro Jesús Hernández ––entre septiembre de 1936 y abril de 1938–– pero la actividad de control político y selección del profesorado fue un objetivo que compartieron, aunque no lo llevaran a la práctica de manera tan drástica, los otros dos representantes del Ministerio durante la guerra, el liberal republicano Francisco Barnés y el anarquista Segundo Blanco. La orientación comunista del ministro Jesús Hernández y de su subsecretario Wenceslao Roces impulsó un modelo de educación popular y proletaria ––condicionado por las difíciles circunstancias de la época central de la guerra–– que respondía a un patrón de escuela beligerante, en lucha contra el fascismo y contra la erradicación del analfabetismo. A los profesores no se les permitió estar ajenos a este paradigma y en ningún caso pudieron manifestar ambigüedad ideológica o falta de compromiso. De ahí que fueran perseguidas todas aquellas personas calificadas de "desafectas al régimen", aunque no siempre lo eran. La educación se convirtió en un arma más de combate durante la guerra. Los planes de estudios, las conferencias patrióticas extraescolares, los discursos de clausura e inauguración del curso y todas las ceremonias que se celebraban en las escuelas y en los institutos contribuyeron a la difusión de los valores del antifascismo y a la construcción de un nuevo modelo de “escuela en guerra”. Los sindicatos docentes y, en especial, la FETE, cumplieron un papel muy destacado en la puesta en marcha de la depuración docente. De manera paralela a la depuración republicana se desarrolló de un intenso proceso de sindicalización, que no se puede explicar sin tener en cuenta el contexto bélico en el que se produjo. Se trata de una sindicalización de guerra. El 18 de julio marcó un antes y un después en los fines del sindicalismo, desde esta fecha los sindicatos tuvieron como misión la organización y ordenación de todos los aspectos de la vida ciudadana y el sistema educativo no fue una excepción. Las circunstancias bélicas motivaron que se impusiera la sindicación obligatoria ––en la FETE o en la CNT–– con la finalidad de evitar la depuración republicana y para poder ejercer la docencia en el caso de nueva incorporación y traslados. Según nuestro estudio, del conjunto de los 242 profesores de instituto que ejercieron la docencia en los institutos de la retaguardia valenciana un 63 por cien tenía carnet sindical. De ellos un 80 por cien militaba en la FETE y el otro 20 por cien en la CNT. Cuando se analiza el perfil del profesorado sindicado, se ve como el afiliado tipo a la FETE se identifica con un profesor combativo, defensor de la revolución social y educativa, que entiende la tarea docente como una labor de adoctrinamiento al servicio de la causa bélica, partidario de la escuela única, laica y politécnica y cuyo modelo es la escuela soviética (desde luego que no todos participarían de este modelo dado que la sindicación fue obligatoria durante la guerra). Frente a ellos, el perfil del afiliado a la CNT: un docente conservador y católico, que dice haberse afiliado a la CNT después del 18 de julio porque no exigían avales ni credenciales (por lo tanto las personas de tendencias derechistas podían obtener un carnet con mayor facilidad) y que, además, en 20 de los 31 casos estudiados fue cesado en el proceso de depuración republicana. Pero si la sindicalización de guerra fue masiva, las filiaciones políticas de los profesores de instituto no fueron tan abundantes en ese tiempo, o bien no se reflejan en la misma medida que las sindicales en los expedientes de depuración franquista del AGA. Aun así, del total de los 242 profesores que ejercieron la docencia en institutos en la retaguardia valenciana, tenemos constancia de que el 40 por cien estaba afiliado a partidos políticos. En el contexto de la guerra civil, la radicalización y polarización política que se vivió en los institutos indujo a que la gente ingresara en partidos políticos y sindicatos buscando protección social y política en unos tiempos inciertos y caóticos. Y si el número de afiliados a partidos no es tan elevado como el de sindicados, es debido a que la afiliación política ––a diferencia de la sindical–– no fue obligatoria. Las adhesiones formales a partidos del Frente Popular ––anteriores y posteriores al 18 de julio de 1936–– eran punibles según la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939, mientras que las sindicales, posteriores al 18 de julio, no fueron consideradas delito. De ahí que la mayoría de profesores no tuviera inconveniente en mencionar el sindicato al que había pertenecido durante la guerra ––sobre todo si se trataba de la CNT–– y sí que tuviera una gran prevención a la hora de aludir a los partidos de izquierdas. En cifras de afiliación, si los separamos en dos bloques, un 26 por cien militaban en partidos del Frente Popular frente a un 14 por cien que lo hacían en opciones políticas de derechas. Aparentemente existía una hegemonía de la izquierda en la Segunda Enseñanza, pero sociológicamente creemos que eso no era así. En primer lugar, porque existía una parte de afiliación oportunista condicionada por las circunstancias de la guerra y, en segundo lugar, porque había un 60 por cien de profesores no afiliados. En general, los docentes de secundaria ––que por nacimiento formaban parte de las clases medias y altas–– eran conservadores y consideraban los presupuestos republicanos de escuela única, secularización de la enseñanza, etc. demasiado subversivos y radicales. Hay que tener en cuenta que el acceso a la Universidad antes de la guerra estaba restringido a las clases más altas. El partido con mayor número de afiliados entre los derechistas era Derecha Regional Valenciana, con 14 profesores, seguido de Falange Española con nueve profesores. Aunque la mayoría de estos profesores derechistas de instituto no pasaron a la acción directa contra la República, sí que hubo un grupo significativo de profesores que se involucró en acciones encaminadas a conseguir su caída. Ocho profesores de instituto fueron agentes del SIPM y 13 más aseguran haber mantenido contactos y realizado funciones para la Quinta Columna, la Falange Clandestina o el Socorro Blanco. El ámbito en el que los profesores quintacolumnistas desarrollaron más actuaciones de sabotaje fue en el Ministerio de Guerra y en las fábricas de armamento de Manises y Paterna. Entre los profesores antifascistas al Partido de Izquierda Republicana pertenecían 30 en total. Era el partido que concitaba más simpatías entre los docentes. Muchos de ellos ocuparon cargos en la Administración educativa y fueron directores de los institutos en los años de la República. El Partido Comunista contaba con 17 profesores, que en número de docentes afiliados representaba la segunda fuerza política. Fundado en 1920, experimentó un crecimiento portentoso durante el periodo de guerra en Valencia. Dos rasgos de su afiliación ––la juventud y la feminización–– son extrapolables al modelo de profesor de instituto integrado en sus filas. La mayoría eran menores de 25 años y había cuatro mujeres. El Partido de Unión Republicana, un partido de centro derecha con un marcado vínculo con la masonería, agrupaba a nueve profesores de secundaria y al Partido Socialista pertenecían seis, una cifra reducida pero acorde con su débil papel del socialismo en Valencia. Con el triunfo del franquismo, después de la guerra, de los trece institutos que llegó a haber en el País Valenciano en época republicana, después de la guerra sólo permanecieron abiertos cinco. En la ciudad de Valencia solo dos, el Instituto Luis Vives, que se convirtió en instituto masculino, y el Blasco Ibáñez, que cambió su nombre por el de San Vicente Ferrer y en adelante sería un instituto femenino. También continuaron abiertos el Instituto de Alicante, el de Castellón y el de Requena. Los catedráticos más derechistas, de mayor antigüedad y más acendrado catolicismo ocuparon los puestos directivos. Los nuevos directores jugaron un papel determinante en la represión de sus antiguos compañeros, ya que el puesto llevaba aparejada la presidencia de una de las comisiones D de depuración de maestros y una vocalía en la Comisión C, de depuración de profesores de secundaria y Escuelas Normales. Una vez iniciado el proceso de limpieza política tras el triunfo del franquismo 27 profesores fueron sometidos a juicios sumarísimos de urgencia y entre ellos dos mujeres, En el proceso de depuración docente franquista un 37 por cien del profesorado obtuvo sanciones negativas. Por provincias, Valencia con un 44 por cien de sancionados es la que tiene un mayor número, frente a Castellón con un 30 por cien y Alicante con un 28 por cien de profesores con depuración negativa. En el casa de Valencia la cifra de depurados superior al 40 por cien se explica por las especiales circunstancias por las que atravesó la capital durante la contienda. Hay tres razones que pueden explicar el hecho: en primer lugar, el colectivo de más de 50 profesores, de los cuales 41 ocuparon plazas en los institutos de la ciudad––en su inmensa mayoría afiliados a la FETE y a partidos del Frente Popular–– que llegaron acompañando al gobierno de la República sufrió las máximas sanciones y muchos de ellos se exiliaron. En segundo lugar, un 77 por cien del profesorado del Instituto Obrero de Valencia fue sancionado y, en tercer lugar, un 30 por cien de los docentes del Instituto-Escuela también lo fueron. En cualquier caso, para las autoridades educativas franquistas exonerar de la función pública a un número tan elevado de profesores no se convirtió en un problema a la larga ––no llegaron a tener falta de personal en la Segunda Enseñanza–– porque después de la guerra se cerraron en el País Valenciano ocho institutos y sólo permanecieron abiertos cinco. Además, en muchos casos con el fin de no quedarse sin personal suficiente optaron por silenciar y neutralizar a los profesores represaliados aplicándoles la sanción más baja: inhabilitación para cargos directivos y de confianza, de manera que los mantenían en el puesto de trabajo pero los estigmatizaban socialmente. La depuración profesional no fue el único instrumento que utilizó el franquismo para poner en marcha su proyecto de limpieza política en el colectivo docente de Segunda Enseñanza. Otras medidas estuvieron dirigidas a extorsionar económicamente y hundir en la miseria a muchos profesores mediante la aplicación de Ley de Responsabilidades Políticas. La posible influencia social de los profesores de instituto y otros miembros de las profesiones liberales en aquella sociedad, mayormente iletrada, era algo que se temía mucho. No es baladí que el primer presidente del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas fuera Enrique Suñer, autor del famoso libelo Los Intelectuales y la tragedia de España. Un hombre en cuyo perfil ideológico hay que resaltar su antiintelectualismo reaccionario y su nacionalismo católico. Las responsabilidades políticas constituyeron un eficaz instrumento en el control político-social de estos grupos. Después de la guerra, Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo fue para el Nuevo Estado otro “eficaz” instrumento represivo, juntamente con la Justicia militar y las otras jurisdicciones especiales cumplió el objetivo de conseguir la limpieza política en la sociedad española. Después de la guerra el 20 por cien de los docentes de Segunda Enseñanza del País Valenciano ––a pesar de estar estigmatizados por haber padecido sanciones negativas en la depuración, multas de responsabilidades políticas, cárcel por masonería o por juicios militares–– permanecieron en España sufriendo en silencio el llamado “exilio interior”. Otro 12 por cien de profesores consiguieron eludir la represión desencadenada por el Nuevo Estado tras su victoria en 1939 buscando refugio en el extranjero. De ellos un grupo de 12 profesores procedentes de Valencia se establecieron en México, y fundaron un nuevo Instituto al que llamaron “Luis Vives”. Le pusieron el mismo nombre del centro que habían dejado aquí como una forma de simbólica de mantener lazos con el pasado. El segundo lugar más escogido para buscar refugio por los profesores valencianos fue Francia, que dio acogida a cinco profesores. En la segunda parte del trabajo se valora en perspectiva comparada como se gestionó la limpieza política del profesorado en las dictaduras del sur del Europa (Italia, Portugal y España) entre 1923 y 1950. En este apartado se organiza a información por décadas partiendo de la Gran Guerra, ya que se considera que actúo como el vierte aguas de los grandes cambios producidos en el mundo contemporáneo. Hay que partir del periodo inmediatamente posterior a la Primera Guerra Mundial a la hora de analizar de los dos bloques que abrieron la brecha de la guerra político-ideológica que se vivió en los liceos y en los institutos de Segunda Enseñanza en toda Europa. La limpieza política que hemos visto que llevó a cabo el franquismo entre los catedráticos y profesores de secundaria en la inmediata posguerra no puede ser vista de manera desvinculada de la que intentaron llevar a cabo las otras dictaduras del sur de Europa en los mismos años. Las transferencias político-culturales y las influencias mutuas en el ámbito educativo entre los tres países se dieron de forma muy fluida a lo largo de todo el periodo. A lo largo de la década de los años veinte los tres regímenes consideraron el control político-social de los docentes como un factor clave para la puesta en marcha de sus planes de adoctrinamiento masivo. Con esta finalidad se promulgaron Decretos legislativos en 1923 y 1925 en Italia y España, y en 1927 en Portugal. Las tres dictaduras instrumentalizaron las funciones de los inspectores de Educación, que tuvieron que dejar de lado sus labores técnico-pedagógicas y centrarse en la fiscalización y el control policial de los enseñantes. En Italia y en España la estructura represiva que crearon los Estados presenta muchas coincidencias. A través de funcionarios como los provedittori italianos y los delegados gubernativos en España y con la participación de los inspectores y de los directores de los centros se ejerció la presión ideológica sobre los docentes. Pero pese a todo, no se puede hablar de una verdadera limpieza política del profesorado en ninguno de los tres países. Los profesores españoles no sufrieron una sistemática persecución política por razones de adscripción ideológica en ese tiempo. Especialmente en el caso de los afiliados al Partido Socialista, que pudieron mantener su actividad docente sin coacciones. Sólo los profesores anarquistas y comunistas, muy minoritarios, fueron perseguidos, como fue el caso excepcional de Manuel Núñez de Arenas y de la Escosura. En lo que respecta a la puesta en marcha de los nuevos planes de nacionalización de masas, su instauración no fue simultánea en los tres países. En el caso portugués, no comenzaron a imponerse estos programas hasta la segunda mitad de los años treinta. En España, los planes de adoctrinamiento en los valores del nacionalcatolicismo y el fascismo tuvieron un inicio más temprano, pero fracasaron. El proyecto, que Mussolini y Primo de Rivera compartían, requería de un proceso de estatalización del sistema educativo que chocó con los intereses de la Iglesia católica. En España, la pugna con la Iglesia fue más fuerte y obstaculizó gravemente el uso de la enseñanza secundaria como agente nacionalizador. Los católicos vieron en el proyecto de Primo de Rivera una “escandalosa injerencia del Estado en la educación” y presentaron una dura batalla que contribuyó a la caída definitiva de la Dictadura. Mussolini, por el contrario, fue haciendo graduales concesiones a las autoridades eclesiásticas en materia de educación y nunca llegó a una hostilidad abierta con el Vaticano. En 1929, los Pactos de Letrán otorgaron al régimen fascista la base de masas que andaba buscando y dieron paso al periodo de máximo consenso del ventennio. En los años treinta, el enfrentamiento entre las culturas políticas del fascismo y del antifascismo llegó a su punto más álgido, coincidiendo con el ascenso de Hitler al poder en 1933 y con la guerra civil española (1936-1939). El fenómeno europeo del antifascismo se configuró en esa década desde una pluralidad de opciones ideológicas y en ningún caso puede ser identificado en exclusiva con el comunismo. Un contexto histórico excepcional y transitorio permitió mantener unidos en la lucha contra el fascismo a católicos y comunistas ateos, liberales y anarquistas. La Guerra de España adquirió una dimensión simbólica muy potente en ese tiempo y el antifascismo se convirtió en causa de movilización para muchos jóvenes profesores que querían combatir las dictaduras de Mussolini, Franco y Salazar. En Italia los años centrales del ventennio fascista fueron los más duros. Cualquiera podía ser acusado de subversivo y sufrir una verdadera persecución por parte de la policía secreta, OVRA, incluso sin ninguna prueba que acreditara su antifascismo. A partir de 1931, un Decreto-ley obligó a todos los profesores universitarios italianos a prestar un juramento que incluía una declaración de lealtad al régimen fascista. Sólo lo rehusaron 12 de los 2.118 profesores universitarios. En la Segunda Enseñanza, los profesores fueron obligados a pertenecer al PNF y las presiones para que se encuadraran en organizaciones profesionales vinculadas al régimen llegaron a ser insostenibles. La mayoría optó por el sometimiento o la “aceptación con reservas”, solo un pequeño grupo tomó el camino del antifascismo organizado. Estos últimos se convirtieron en víctimas de la violencia política ejercida por el Estado contra su colectivo, especialmente después de que en 1938, con la promulgación de las leyes raciales se produjera una importante depuración de la docencia (pendiente de un estudio cuantitativo y cualitativo), en este caso no por motivos ideológicos sino de orden racial. En cualquier caso, en Italia, el objetivo de conseguir un colectivo docente políticamente homogéneo mediante una purga sistemática de disidentes no fue una prioridad para Mussolini, que prefirió optar por el relevo generacional y por la incorporación de nuevos profesores convenientemente adoctrinados y seleccionados. Profesores liberales y socialistas siguieron dando clase hasta el final del ventennio. En los años treinta la guerra civil española fue un hito fundamental en el devenir de las dos dictaduras ibéricas. En el caso del franquismo es sin duda la piedra angular sobre la que se levantó su arquitectura represiva, pero en Portugal también se vivió la contienda con mucha intensidad y fue motivo de un endurecimiento muy significativo de las líneas de vigilancia y represión de la disidencia. La preocupación del régimen portugués por el “contagio comunista” se convirtió en obsesión en esos años y motivó la aparición de una legislación represiva dirigida a los funcionarios. El decreto de 14 de septiembre de 1936 ––más conocido como “declaração anti-comunista”–– que estuvo vigente hasta el final de la dictadura en 1974 obligaba a los funcionarios a jurar la la Constitución salazarista de 1933 y a mostrar expreso rechazo del comunismo. El régimen veía a los profesores –– a los intelectuales en general, pese a que Salazar era uno de ellos–– por una parte, como presas fáciles para el comunismo, y por otra, con cierto temor por su influencia social y su capacidad para modificar las formas de pensamiento y los valores oficiales del Estado. El comunismo se convirtió durante los años treinta en un anatema fundamental del salazarismo que lo consideraba la mano negra culpable de todos los males. Pero el salazarismo nunca llegó a organizar una limpieza política sistemática del profesorado. El Ministerio de Instrucción Pública portugués, creado durante la Primera República en 1911, pasó a llamarse Ministerio de Educación Nacional en 1936 en Portugal, durante la etapa del ministro Carneiro Pacheco. Esta nueva denominación no fue casual, también fue adoptada en España en 1938 con la llegada del ministro Pedro Sainz Rodríguez y en Italia con el ministro Giovanni Gentile en 1923. El nuevo nombre se ajustaba mejor al proyecto ideológico nacionalista que pretendían promover los tres países. La escuela ––la llamada “oficina de almas” por el salazarismo––, tenía que forjar “um homem novo”, que respetara la tradición y el orden. En los años cuarenta en Portugal y en España se desmanteló la red pública de institutos y liceos y se privatizó el sector de la Segunda Enseñanza, que pasó a manos de la Iglesia. De manera que el adoctrinamiento de las futuras clases rectoras pasó a manos de las órdenes religiosas que obtuvieron el monopolio de la Segunda Enseñanza. La Ley de 1938 del ministro Sainz Rodríguez a través de la imposición del examen de Estado fue determinante en la desregulación y privatización de la Segunda Enseñanza. El único organismo de Falange Española que presentó batalla frente a la política ministerial de privatización de lo público fue el Servicio Español de Profesorado de Enseñanza Media (SEPEM), pero el SEPEM nunca tuvo verdadero poder a la hora de encuadrar al profesorado de secundaria: no influía en los concursos de traslados ni tenía competencias en materia de represión para con sus afiliados díscolos. El SEPEM era un organismo burocrático meramente ornamental que no consiguió imponer el proyecto estatalista de Falange. En los años cuarenta Portugal se convirtió en un Estado policial totalitario siguiendo los pasos de Italia y gracias al asesoramiento directo de la (OVRA), la policía secreta de Mussolini. En ambos países la persecución de la disidencia ideológica en la Segunda Enseñanza se gestionó a través la policía política y con la participación de los inspectores y los directores de los centros. También a través de los decretos legislativos que obligaban a los profesores a jurar lealtad al sistema y a condenar el comunismo y, por supuesto, con la afiliación forzosa del profesorado a los partidos únicos (el PNF en Italia y la Uniao Nacional en Portugal) y el encuadramiento en las organizaciones profesionales del régimen. Sin embargo en España la represión política del profesorado no siguió los mismos parámetros en los primeros tiempos del franquismo. Aquí el proceso represivo, favorecido por tener como punto de partida la guerra civil, fue de mucha mayor envergadura, y fue sistemático y centralizado. La depuración fue obligatoria para todos los funcionarios, que quedaron fuera del sistema en un primer momento y solo fueron reincorporados los que pudieron demostrar idoneidad ideológica. Pero, como ya hemos dicho, la purga político-ideológica no se quedó ahí, se completó con las sentencias de los tribunales militares, las estancias en las cárceles y las sanciones de las jurisdicciones especiales: tribunales de Responsabilidades políticas y de Represión de la Masonería y el Comunismo. Con la consolidación de las dictaduras del sur de Europa las mujeres sufrieron un deterioro considerable de los derechos que habían adquirido muy lentamente desde finales del XIX. Esa involución fue mucho más dura que para las que habían podido conquistar el espacio público. Si, además, se trataba de mujeres que tomaron parte de manera directa en la lucha contra el fascismo, se convirtieron en las mayores perdedoras, ya que sufrieron la represión por partida doble: por el hecho de ser mujeres y por antifascistas. Un 12 por cien de los profesores de secundaria sancionados en la depuración franquista eran mujeres. Como conclusión cabe decir que las tres dictaduras del sur de Europa manifestaron la misma creencia en que la Segunda Enseñanza debía tener una función estratégica de doble importancia. Por una parte, como generadora de consensos favorables a la estabilidad de sus respectivos regímenes y por otra, como espacio de formación de las élites profesionales afines a los nuevos proyectos políticos, que con el tiempo se convertirían en las nuevas clases rectoras y garantizarían la perdurabilidad de sus regímenes. En ese sentido, el control político-social del profesorado encargado de transmitir los nuevos planes ideológicos se convirtió en batalla permanente en los tres países. Sin embargo, en Italia, donde el fascismo tuvo su punto final en 1945, es significativo que la intensa labor de adoctrinamiento a través de la escuela y de las organizaciones juveniles caló poco en la sociedad italiana. La rápida readaptación a los usos democráticos ––una vez terminada la guerra e instaurada la República–– pone en evidencia la incapacidad que tuvo el fascismo para lograr sus objetivos de socialización y adoctrinamiento de la sociedad, y eso a pesar de que después de la II Guerra Mundial apenas hubo limpieza política. Los miembros de la élite dirigente del régimen fascista y de la República de Saló pudieron acogerse, a partir de 1946, a los beneficios de la amnistía Togliatti y la mayoría de los profesores que habían colaborado con el fascismo permanecieron en sus puestos. El franquismo y el salazarismo tuvieron mucho más tiempo para poner en marcha sus planes de nacionalización de masas en la Segunda Enseñanza ––que dejaron en manos de la Iglesia––, pero en el caso del franquismo, se partió, además, desde una posición privilegiada de tabula rasa, propiciada por la sistemática limpieza política que llevó a cabo al acabar la guerra civil. Lo que permitió que los planes de nacionalización de las clases medias y adoctrinamiento de las nuevas élites se pudieran poner en marcha de manera mucho más eficaz y perdurable en el tiempo hasta nuestros días.