El momento social y político que vive España, particularmente convulso tras una crisis económica larga e intensa, ha provocado que desaparezcan del debate público cuestiones no sólo importantes sino que formaban parte del mismo hace apenas unos años. El caso de la reforma local es un ejemplo paradigmático. Tras los ríos de tinta, y la oposición política, suscitados por la reforma local planteada por el Partido Popular en la legislatura 2011-2015 y concretada en la Ley de Reforma y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) finalmente aprobada por ley 27/2013, parece que el tema haya desaparecido de la agenda política. Ni siquiera la llegada de nuevas mayorías políticas, primero a muchos grandes ayuntamientos y Comunidades Autónomas, y luego al Congreso de los Diputados, ha reactivado el debate. Frente a, por ejemplo, la intensidad con la que ello ha propiciado que se analicen cuestiones como las posibilidades y consecuencias de la remunicipalización de servicios o el cuestionamiento de ciertas limitaciones de gasto, pareciera que la reforma local de 2013 haya sido asumida por todos los actores políticos como un elemento ya integrado en el paisaje sobre el que no vale la pena preocuparse en exceso.