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Numerosos son los trabajos publicados sobre el estudio de Jurisprudencia, es decir, Leyes y Cánones, en el México preliberal; sin embargo, no lo son tantos para el México decimonónico. Igualmente numerosa es la bibliografía sobre los abogados y su ejercicio profesional; de nuevo, más prolífica para la Nueva España que para los años inmediatamente posteriores a la Independencia.1 El objetivo de estas páginas es comunicar ambas realidades y ambos momentos: el estudio de las facultades jurídicas y del ejercicio profesional en el tránsito del Antiguo Régimen al Liberalismo. Para ello tomaremos como referencia y punto de partida la habilitación que todo graduado en cualquiera de los dos derechos necesitaba para ejercer como abogado, que se tramitaba y, en su caso, obtenía ante la Audiencia. Con ella se ganaba el permiso o licencia oficial para desempeñar profesionalmente el oficio en lo que hoy es México y, en su momento, también en otros de la Monarquía. Como podemos imaginar, este trámite viene a constituirse, en la práctica, como el nexo de unión entre la universidad y los tribunales.
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