El Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, sancionado en Apatzingán el 22 de octubre de 1814, no tuvo vigencia jurídica alguna más allá de los territorios controlados por los insurgentes. Su eficacia práctica solo fue, que no es poco, la de un ensayo, el primero de la historia constitucional mexicana. Desde la perspectiva del tiempo, el Decreto constitucional ha venido a mostrarnos el ideario liberal de la naciente estructura político-institucional de México, tal y como se iría formalizando a lo largo del siglo. Sus redactores, ya decididamente y sin ambages, exhibían una voluntad radicalmente libre y soberana, dejando atrás vacilantes proyectos anteriores, más indefinidos -véanse los Elementos Constitucionales que han de Fijar Nuestra Felicidad de Ignacio López Rayón-. Hablamos, pues, de un primer congreso, el de Chilpancingo, que se autoproclama -se quiere a sí mismo- independiente y constituyente. Estamos ante todo un punto de inflexión en la determinación del nacimiento de la nación mexicana y, obviamente, de su propio derecho positivo. Por eso se considera a la de Apatzingán, formalmente, como la primera carta magna de la nación. Al fin y al cabo, y como muchos autores ya han dicho, el Derecho contemporáneo es, ante todo, texto; en este caso, frustrado en su obligatoriedad. Eso sí, su influencia en el Acta Constitutiva de la Federación, de 31 de enero de 1824, texto ya vigente y efectivo, será evidente, como también lo será en los siguientes textos constitucionales de la República, aunque algunos sigan discutiendo esto último