Es posible afirmar que la casación para la unificación de doctrina, introducida en nuestro ordenamiento jurídico por la Ley de Bases de Procedimiento Laboral, de 12 de abril de 1989, y desarrollada en el Decreto Legislativo 521/1990, de 27 de abril, fue la respuesta al problema de dispersión jurisprudencial que planteaba el sistema de recursos y la organización jurisdiccional de este orden. Se trata de un recurso original y novedoso, distinto por sus características a cualquiera de los que existían o habían existido hasta aquel momento. Ahora bien, como veremos, ello no significa que sea posible desconectarlo de algunos medios de impugnación que, sin poder considerarlos como precedentes, han influido en su configuración de una forma u otra , puesto que el legislador de 1989 lo único que hizo para solucionar el problema mencionado, fue aprovechar mecanismos y experiencias anteriores, conjugando elementos del recurso de casación, del de interés de la ley o del extraordinario de revisión con otros novedosos.