En su Sentencia 140/2016, de 21 de julio, el Tribunal Constitucional declara la invalidez de la mayor parte de la regulación de las tasas judiciales establecidas por el legislador estatal en 2012. El Tribunal considera que estas tasas suponen una restricción desproporcionada del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Tras analizar cómo están configuradas las tasas judiciales en varios ordenamientos jurídicos de nuestro entorno, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos emanada al respecto y los beneficios y costes que para la Administración de Justicia pueden derivarse del establecimiento de estos tributos, el autor comenta críticamente la referida Sentencia y pone de manifiesto que tanto su fallo como los argumentos ofrecidos para tratar de justificarlo merecen, en líneas generales, una valoración negativa. The Spanish Constitutional Court Judgment 140/2016, of 21 July 2016, has declared unconstitutional and annulled most of the Court Fees Act of 2012. In the Constitutional Court's view, the fees at issue impose a disproportionate restriction on the fundamental right to access to the courts. This paper criticizes hat Judgment, in the light of (i) how court fees are regulated under other European legal systems, (iii) the case law of the European Court of Human Rights, and (iii) the social costs and benefits of court fees.