Propugnamos que el protocolo es el conjunto de principios, normas jurídicas, usos y costumbres, también jurídicas, principios generales del Derecho y criterios de los Tribunales de Justicia que determinan el orden de celebración de los actos oficiales y los elementos que intervienen en los mismos, que tienen como fin transmitir el reflejo externo de la caracterización y consideración, tanto social como jurídica del Poder en el Estado. Es, pues, ese reflejo externo, en su doble vertiente, uno de los fines del protocolo. No obstante entendemos el mismo como un conjunto de elementos: símbolos, tratamientos, regulación de la Casa Real, Derecho Premial y Nobiliario y, sobre todo, normas reguladoras de las precedencias oficiales. Nuestro estudio se ha basado en el análisis de los elementos que configuran las precedencias oficiales: autoridades, instituciones y corporaciones del Estado, teniendo en consideración al Estado como un órgano complejo, no necesariamente constituido únicamente por las instituciones centrales o generales del Estado sino que abarca, también, a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales. Es por todo ello que hemos analizados con una perspectiva histórica (Segunda República hasta la actualidad) los sujetos ordenados por las normas de precedencia, los modelos de Estado o de Gobierno, la regulación básica y de desarrollo de cada sujeto y, finalmente, la regulación de las precedencias en cada periodo, tanto la de cada una de las instituciones, autoridades y corporaciones (aunque muchas de ellas determinan más cuestiones de ceremonial que de protocolo) y la norma reguladora vigente en cada uno de los periodos estudiados. Hemos realizado un exhaustivo estudio de la norma reguladora de las precedencias oficiales en el Estado: el Real Decreto 2099/1983 de 4 de agosto, determinando sus carencias así como las soluciones que se pueden arbitrar para que sea un elemento flexible y acorde con la evolución del Estado y de los sujetos regulados. Finalmente, hemos realizado una propuesta que suple las carencias de la norma con el fin de que sea consensuada y aplicable, dada la importancia de la materia que regula que tiene "sustancia constitucional", como indica el Tribunal Constitucional en su STC 12/1985.