Tras cuarenta años de recorrido globalmente exitoso, la democracia española y su Constitución de 1978 presentan, por primera vez, unos claros síntomas de agotamiento que han llevado a que exista un cada vez más generalizado consenso respecto de la conveniencia de una reforma que dé nuevo vigor y mayor legitimidad democrática al orden constitucional español. El problema más acuciante al que habría de hacer frente esta reforma, vinculado a la crisis constitucional desatada por la incapacidad para arbitrar dentro de los límites del actual marco las pretensiones de nuevo acomodo respecto de España que en los últimos años ha acabado por abrazar una parte cada vez mayor de la sociedad catalana (que, incluso, ante esta incapacidad, se manifiesta partidaria de la independencia en proporciones crecientes), tiene que ver con la resolución de la cuestión territorial. Una cuestión que, sistemáticamente, ha resultado conflictiva en todos los períodos de constitucionalismo democrático en España y que tampoco la Constitución de 1978 logró resolver o cerrar definitivamente. Sin embargo, las condiciones estructurales existentes en la actualidad en la España de 2018, tanto jurídicas como políticas, permiten aventurar que la reforma constitucional en estos momentos posible dista de coincidir con la que sería necesaria para aspirar a resolver este conflicto.