La fórmula transaccional arbitrada en el proceso constitucional español no incluyó dispositivos adecuados ni suficientes para integrar las tensiones propias del funcionamiento del Estado compuesto diseñado por la Constitución de 1978 que permitiesen al nuevo modelo territorial evolucionar con suficiente flexibilidad como para mantener los vínculos cohesivos básicos. El poso cultural de la reciente dictadura centralista y los condicionantes fácticos y políticos del momento determinaron el alumbramiento de un modelo cuya capacidad como molde integrador y articulador de las diferencias nacionales subyacentes al “Estado de las Autonomías” es hoy ampliamente cuestionado. Una disfunción acreditada por la ausencia o deficiente funcionamiento de aquellos instrumentos que, entre otros elementos relevantes del sistema, deberían haber servido para garantizar una cooperación política imprescindible para la cohesión y la equidad del modelo.