La violencia contra la mujer se ha convertido en una problemática social con un alto coste para las personas que la padecen de forma directa e indirecta, y además se trata de un área de intervención en la que se encuentran involucradas profesionales de diferentes ámbitos: policial, sanitario, judicial, servicios sociales, educación... que trabajan en muchas ocasiones sin la suficiente preparación y sin los recursos y medios que serían necesarios (Canet, 2017). Es de gran importancia a la hora de intervenir en los casos de violencia de género actuar a nivel macro social, con todos los elementos del sistema patriarcal que fomentan y perpetúan la violencia a nivel cultural, económico, político, religioso, social... Sin embargo, podemos comprobar que las intervenciones que se realizan desde las instituciones pueden pecar de epidérmicas, pues están centradas fundamentalmente en el nivel asistencial e individual, es decir, van dirigidas a las víctimas y poseen, sobre todo, un carácter paliativo de las consecuencias de la violencia en la mujer.