Actualmente, la UE, reconoce la importancia de la contratación pública como uno de los instrumentos que deben utilizarse para lograr un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. En España, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, recientemente aprobada, plantea incorporar de forma transversal criterios socialmente responsables a la hora de preparar y ejecutar los contratos públicos, de tal forma que obliga a las empresas licitadoras a cumplir requisitos concretos sobre igualdad de género, condiciones laborales justas, consumo de comercio justo o eficiencia energética. Ante esta situación, las administraciones públicas han comenzado a elaborar guías y aprobar instrucciones para la implementación de cláusulas socialmente responsables en sus contrataciones. Sin embargo, a pesar de su importancia, no existe un instrumento de medida específico que evalúe este tipo de conductas. En este contexto, planteamos esta investigación con el objetivo de diseñar indicadores éticos y sostenibles, consistentes con la nueva Ley, que permitan medir y comparar relativamente los comportamientos responsables de las administraciones en relación a sus contrataciones públicas. Para lograr nuestro objetivo, planteamos un estudio exploratorio sobre la información disponible en las páginas web de los municipios españoles. Este instrumento podrá favorecer el enfoque de prácticas y políticas responsables en atención a las carencias observadas, contribuyendo a obtener no solo beneficios ambientales, sino también económicos y sociales, tanto para la Administración como para el sector privado y la sociedad.