Entre las políticas de fomento del acceso abierto en nuestro país destacan las definidas a nivel nacional y que afectan a los resultados de investigación financiados con fondos públicos y a las tesis leídas en universidades españolas. El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado (BOE de 10 de febrero de 2011) en cuyo artículo 14.5 se establece que “una vez aprobada la tesis doctoral, la universidad se ocupará de su archivo en formato electrónico abierto en un repositorio institucional”. Un aspecto adicional al de las políticas, a menudo poco tratado, es el seguimiento de las mismas. De poco sirve establecer un mandato muy estricto si luego no se establecen los mecanismos necesarios para asegurar su cumplimiento. El caso de las tesis es particularmente interesante para determinar la efectividad de los mandatos, puesto que es cada universidad quien puede establecer fácilmente controles sobre el cumplimiento y limitar la expedición de los títulos a quien haya cumplido con la normativa. En esta comunicación vamos a intentar determinar la efectividad del mandato establecido por el Ministerio para las tesis leídas en universidades públicas, mediante el análisis de los depósitos de tesis recogidos en una muestra de diez de las universidades con mayor número de tesis según datos del Ministerio. Se intentará determinar si el número de tesis almacenadas ha sufrido un incremento generalizado en los últimos años, tomando como referencia las tesis leídas en el período 2008-2017.