Las nuevas leyes de contratación pública suponen una oportunidad para fomentar la participación en la misma de las empresas de Economía Social, con el objetivo de que la contratación contribuya a distintos objetivos sociales y medioambientales. La propia Ley de Contratos del Sector Público establece el fomento de las empresas de Economía Social (además de las PYMES) como una de las prioridades a seguir. Para ello cimienta las posibilidades de introducir criterios sociales y ambientales que están en el corazón de las actividades de la Economía Social y modifica el régimen de los contratos reservados que se consolidan como obligatorios. A pesar de su potencial importancia, este último instrumento ha sido poco estudiado en la bibliografía especializada. En este artículo se presenta un análisis de la evolución de los contratos reservados a nivel estatal en los últimos 10 años, utilizando una muestra de más de 250 procesos de este tipo, que incluye procedimientos de todas las regiones de España y con valores de licitación diversos. Los resultados muestran que los contratos reservados se han utilizado en actividades que van más allá de las tradicionales para el tipo de empresa al que van dirigidos, y que los procedimientos para ello suelen ser más transparentes que los ordinarios. La comparación con una muestra de licitaciones no reservadas expone que la eficacia económica es similar en ambos tipos.