La actual crisis económica, producto de la propagación del COVID-19, que provocó el bloqueo de cadenas productivas enteras, replantea dramáticamente el tema de la inclusión financiera de personas en condiciones de vulnerabilidad económica y social, como los inmigrantes. El fenómeno de la inclusión financiera de los inmigrantes, en general, tiene un carácter multidimensional, estando vinculado a factores sociales, culturales, lingüísticos y religiosos. La definición de inclusión financiera postula una definición previa de la otra cara de la moneda, que es la exclusión financiera, que tiene una estrecha relación con la exclusión social, siendo una la causa de la otra, en una especie de círculo. vicioso. Según una definición comúnmente aceptada, la exclusión financiera consiste en las dificultades que enfrentan las personas para acceder y utilizar los productos y servicios que ofrece el sector financiero, que se adaptan a sus necesidades y que les permiten llevar un estilo de vida normal en la sociedad. Dónde pertenecen. Prima facie, esta definición adolece de cierto carácter genérico, ya que no dice nada sobre los criterios que indican la adecuación de los productos financieros a las necesidades de los clientes, ni existe un criterio para establecer el nivel de vida "normal" en la sociedad actual, dados los diferentes niveles. desarrollo de los países del mundo. De manera más general, la definición exacta de exclusión requeriría, upstream, la identificación de los servicios financieros esenciales para la inclusión, que también varían con el grado de financiarización de cada país, siendo posibles diferentes grados de exclusión financiera según el nivel de complejidad de la servicios utilizados en el territorio; En un sentido mínimo, avanzado por el Banco Mundial, sólo se puede considerar excluido financieramente a quienes no tienen ningún tipo de acceso a los servicios financieros. De hecho, es posible definir una jerarquía entre los distintos servicios financieros. En una era de dinero escritural, con límites cada vez mayores en el uso del efectivo, en la falta de una cuenta corriente es imposible realizar transacciones que no sean transacciones en efectivo, como recibir y ejecutar transferencias electrónicas, convertir cheques en efectivo o pagos en dinero electrónico, y mantener sus ahorros en un lugar seguro. En los años previos a la crisis financiera de 2008, la disminución del gasto público fue compensada por el aumento constante del desembolso de crédito por parte de los bancos. En lugar de recibir apoyo del gasto público por parte del Estado, las personas encontraron apoyo en el sistema crediticio, que alentó la asunción de deuda privada al aumentar las posibilidades de obtener préstamos y tarjetas de crédito. Este proceso ha sido efectivamente descrito como "keynesianismo privatizado", ya que el crecimiento económico no fue estimulado por el aumento de la deuda pública de los estados sino por el endeudamiento de los individuos; en este contexto, sin embargo, el crédito al consumo se ha convertido en un instrumento de moral hedonista para maximizar el bienestar individual y satisfacer cualquier tipo de necesidad. Incluso la ley ha tomado nota de un cambio de paradigma en el que la asunción de deuda ya no está estigmatizada sino que debe ser "gestionada": dado el aumento del acceso al crédito, en un contexto en el que el consumidor muchas veces no tiene que afrontar incumplimientos aislados pero más deudas, la gestión de la crisis del sobreendeudamiento deja de ser prerrogativa exclusiva del empresario para convertirse en un paradigma general que también puede extenderse al consumidor. Con el constante aumento de los precios de las propiedades, de hecho, se hizo común otorgar hipotecas también a prestatarios subprime, dada la doble posibilidad de satisfacer al acreedor con el flujo de caja y la ejecución de la garantía hipotecaria, cuya futura apreciación -una predicción resultó ser falsa- habría garantizado el reembolso del préstamo. Recurrir al crédito privado para lograr los fines previamente asignados al bienestar ha hecho de los acuerdos de crédito un medio para superar problemas sociales, como la compra de una vivienda. Con base en la definición de exclusión financiera enucleada, los productos y servicios bancarios podrían considerarse adecuados a las necesidades de los inmigrantes solo si tuvieran en cuenta las diferentes necesidades de alfabetización lingüística, religiosa y financiera de estas personas. El propósito de este documento es verificar si esto sucede y en qué medida. La literatura se centra principalmente en la inclusión financiera en general, en el acceso al microcrédito o, cuando se trata de inmigrantes, en el uso de las remesas: no hay una discusión sistemática sobre las peculiaridades de la exclusión financiera de los inmigrantes y la de recursos para proteger a estos consumidores. El propósito de este trabajo, por tanto, es investigar de manera sistemática las causas de la exclusión financiera de los inmigrantes enfocándose en los servicios bancarios, demostrando que, a la luz del marco legal, la mayor vulnerabilidad de los clientes impone obligaciones de comportamiento más estrictas a los intermediarios En la sociedad multicultural, sin embargo, el contrato puede ser funcional para el mercado ya que es una herramienta inclusiva, a la que puede acceder el mayor número de personas independientemente de sus cualidades personales. La prohibición de la discriminación por motivos de raza, etnia y nacionalidad en el acceso a bienes o servicios, de conformidad con los artículos 43 y 44 del Decreto Legislativo 286/1998 y 2, Decreto Legislativo 215/2003 (aplicaciones del principio a que se refieren los artículos 7, Dec. Univ. Man, 21 Carta de la directiva de la UE, 14 Conv. Eur. dir. man, 3, párrafo 1, Costo) es parte de la estrategia regulatoria general destinada a limitar la autonomía privada de los intermediarios. Sin embargo, la doctrina ha dejado claro que la prohibición de la discriminación no es un mero reflejo del principio de igualdad y, en consecuencia, no requiere un trato igualitario de los contratistas; esto implicaría, además, la destrucción de la autonomía privada al crear a través del derecho privado una especie de sociedad utópica en la que todos son iguales en todo. Por otro lado, se prohíbe el peor trato de un contratista en base a una concepción previa, por una cualidad personal considerada por la ley como factor de discriminación, independientemente de la comparación con el trato real reservado a otras contrapartes. De hecho, la discriminación puede tomar dos formas: la negativa a contratar, que en el caso de los servicios bancarios produce exclusión financiera, y la negociación en peores condiciones que las aplicadas a la generalidad de los clientes, que se traduce en una inclusión financiera imperfecta. La aplicación de la prohibición de discriminación a la prestación de servicios bancarios no es revocable en duda, dada la clara disposición del art. 3, párrafo 1, lett. h), dir. 2000/43, que también se refiere a entidades privadas proveedoras de bienes o servicios. Un corolario de este principio es el arte. 15, dir. 2014/92 / UE, que exige a los Estados miembros que garanticen que las entidades de crédito no discriminen por motivos de ciudadanía, lugar de residencia o por las razones mencionadas en el artículo 21 de la Carta dir. UE, consumidores que residen legalmente en la Unión al acceder a la estipulación de una cuenta de pago con características básicas. Como destacado en este trabajo, pero, la exclusiòn financiera de los inmigrantes es un fenòmeno con muchas facetas, que solo un anàlisis superficial y parcial puede conducir a una discriminaciòn general en la fornitura de los servicios bancarios. sin embargo, cabe señalar que esta es la única causa de exclusión económica de inmigrantes adecuadamente investigada por la doctrina tradicional. El derecho contractual europeo, también en la interpretación de la jurisprudencia, no se refiere al hombre o mujer negros que tienen que pagar más por un coche que un blanco, sino al paradigma habitual del consumidor informado, consciente y racional, que se mueve dentro del mercado único europeo para aprovechar las oportunidades. Y de hecho, para los artículos 5, par. 2, lett. b) y 6, párr. 1, dir. 2005/29, la injusticia de las prácticas comerciales depende de su idoneidad para distorsionar el comportamiento económico del consumidor medio; el consumidor con capacidades inferiores a la media, por tanto, corre el riesgo de quedarse sin protección frente a prácticas comerciales que distorsionan sus decisiones de consumo. A pesar de introducir el concepto de consumidor vulnerable, el art. 5, par. 3, de la directiva, considera solo la edad, la enfermedad y la ingenuidad como factores de vulnerabilidad, por lo que no está claro si los consumidores con diversidad lingüística, religiosa y étnica pueden considerarse vulnerables. Aparte del tema de las prácticas comerciales desleales, el referente de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia es solo el consumidor medio: la exigencia de claridad y comprensibilidad de las cláusulas de los contratos b2c, según el art. 4, dir. 93/13 / Ce, se satisface cuando las mismas son gramaticalmente claras y permiten al consumidor medio, informado y circunspecto, comprender todas las consecuencias económicas que implica el contrato. Esta circunstancia es especialmente relevante en lo que respecta al riesgo lingüístico de los inmigrantes (ver más adelante, capítulo II). Como es bien sabido, el paradigma del consumidor racional ha despertado críticas generalizadas en la doctrina y en los estudiosos de la economía del comportamiento, quienes coinciden en afirmar la irrealidad de estos supuestos, ampliamente falseados por la reciente crisis financiera. La referencia a esta caricatura del consumidor real, que en cambio está desinformado, excesivamente confiado en sus propias habilidades e incapaz de procesar mucha información, no deja de tener consecuencias sobre la exclusión financiera de los inmigrantes: y de hecho, en el derecho europeo, no solo la adecuación de las prácticas. comerciales, pero también las obligaciones de información impuestas a los profesionales se parametrizan a las características del consumidor medio europeo, mientras que los inmigrantes que acceden a servicios financieros presentan perfiles de vulnerabilidad adicionales. La excesiva estandarización de las obligaciones de información previstas por las directivas europeas, confirmada por la Directiva 2011/83 / UE, reduce la obligación de información a la mera entrega de un formulario con la información legalmente requerida, tal y como expresa expresamente el art. 5, dir. 2008/48 / EU, dejando de lado cualquier apreciación de la idoneidad del comportamiento del profesional hacia ese consumidor. La idoneidad de la información, en otras palabras, no se mide en relación con la velocidad de datos adecuada para asegurar una elección informada para ese consumidor, sino con un parámetro uniforme que puede ser solicitado por todo profesional. Esto parece surgir en algunos juicios de la ABF, en los que el cumplimiento de las obligaciones de información estándar crea una presunción de consentimiento informado del cliente, lo que impide que los inmigrantes, con un conocimiento escaso del idioma italiano, asuman una responsabilidad, incluida la compensación. , del intermediario. Y de hecho, el t.u.b. no impone la obligación de traducir los términos y condiciones generales o los documentos informativos al idioma del otro contratista, a diferencia de las obligaciones de traducción previstas en los artículos 122 c.p.c. y 143 c.p.p. en el contexto de procesos civiles y penales. Sin embargo, se necesitaría información personalizada para facilitar a sujetos como los inmigrantes, que muchas veces no dominan el idioma en el que se redacta la información precontractual o los textos de los contratos bancarios. En definitiva, el cliente inmigrante correría con el riesgo lingüístico, es decir, el riesgo de tener que soportar las consecuencias negativas derivadas de la falta o comprensión incorrecta de la declaración de intenciones debido al idioma. Como muestran los estudios empíricos, los inmigrantes con dificultades lingüísticas tienen más dificultades para integrarse que los inmigrantes que hablan el idioma local; esto conlleva un menor precio sensible y mayores precios pagados por la compra de bienes como una vivienda. La falta de obligaciones de traducción al idioma de los inmigrantes hace necesario identificar herramientas de protección adecuadas, para evitar que las dificultades lingüísticas sean explotadas por intermediarios para implementar prácticas crediticias predatorias. Emblemática es la historia de las hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos, fuente de la crisis financiera de 2008: según algunos comités de investigación, los sujetos que estipularon hipotecas de alto riesgo eran principalmente afroamericanos o hispanos, con conocimiento limitado del idioma inglés, obligados a firmar contratos en ese idioma bajo condiciones. peores que los pactados en las negociaciones, que se desarrollaron, sin embargo, en su lengua materna. Si bien la jurisprudencia estadounidense se ha ocupado expresamente de cuestiones relacionadas con la protección de los clientes extranjeros frente a los bancos (véase el capítulo II más adelante), la cuestión de la diversidad lingüística del consumidor es esencialmente desconocida para la jurisprudencia italiana. En definitiva, es necesario superar el modelo de justicia de acceso, que si bien elimina la discriminación en el acceso a bienes o servicios, sigue basándose en la figura del consumidor medio. La obsolescencia del paradigma del consumidor medio ya ha sido destacada en una Resolución del Parlamento Europeo, que subrayaba la incapacidad de las directivas de consumo para tener en cuenta las vulnerabilidades sociales, económicas y el bajo nivel de alfabetización de algunos consumidores, ya que es necesario introducir medidas para protección de consumidores vulnerables en sectores de riesgo como el financiero. En efecto, el derecho contractual europeo se preocupa únicamente por eliminar las asimetrías de información, asumiendo que el consumidor es débil solo porque desconoce la regulación contractual y las características del bien o servicio; este enfoque, que excluye otras “debilidades”, no resiste la prueba de los hechos, ya que es posible distinguir entre el consumidor en general, vulnerable por asimetrías de información, y el consumidor desfavorecido también por razones lingüísticas, de bajo nivel de alfabetización y económicas. La insensibilidad a las condiciones particulares de debilidad económica del deudor, además, es una característica de la relación obligatoria trazada por la doctrina, imponiendo la ejecución del servicio incluso en caso de impotencia financiera (ver infra, capítulo III, párr.5) . De lo anterior, se desprende la necesidad de superar un enfoque basado en la estandarización de las obligaciones de información, identificando una posible solución a los problemas mencionados en las obligaciones asistenciales presentes en la Ley Consolidada de Bancos. y, más en general, en la capacidad expansiva del principio de buena fe, fuente de integración del contrato. Como intentaremos demostrar, algunos índices regulatorios muestran la codificación de la figura del consumidor “vulnerable” en los servicios bancarios. Las disposiciones de la Ley Consolidada de Bancos que introducen elementos de "personalización" de la relación de negociación obligan a los intermediarios a tener en cuenta las distintas bases lingüísticas y cognitivas de los consumidores, garantizándoles un excedente de protección que cierra la brecha entre la protección estándar del consumidor medio y la del consumidor vulnerable; algunas disposiciones, además, imponen una conducta más cooperativa en presencia de una vulnerabilidad económica del consumidor. Como consecuencia de la baja educaciòn financiera y la mayor asimetria cognitiva que ocurre con el intermediario, debida a la mala comprensiòn del lenguaje del contrato, es necesario superar una protecciòn centrada en el consumidor promedio, informado y circunspecto, basada en el cumplimento de las obligaciones de informaciòn impuestas por la ley incluso cuando son insuficientes. En tèrminos mas generales, la vulnerabilidad del consumidor inmigrante no depende solo de la asimetrìa de la informaciòn, como parece implicar el derecho contractual europeo (cuyo mantra es la imposiciòn de informaciòn al profesional), sino que està relacionada principalmente con factores linguìsticos y econòmicos. Las indicaciones de una concepciòn diferente del consumidor se encuentran en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que ha extendido la obligaciòn de la encuesta de oficio a casi cualquier violaciòn de las disposiciones de protecciòn del consumidor, ya que estos sujetos tienen poco conocimiento de sus derechos. Sin embargo, en la legislación de servicios bancarios, este proceso llevó a la aparición de una figura más que el consumidor del Código del Consumidor, que ya no se caracteriza (solo) por la asimetría de información con el profesional, sino también por la condición de vulnerabilidad social y económica. Por lo tanto, la obligación de atender mejor los intereses de los clientes requiere una gestión más flexible de la relación de negociación tanto en la fase precontractual como en la fase ejecutiva. Como se desprende del estudio encargado por la Comisión de la UE, la redacción de las condiciones contractuales en la lengua materna no aumenta la comprensión de su contenido por parte de los consumidores, dada la tendencia de los consumidores a no leer los términos y condiciones generales. Ante los cientos de idiomas diferentes que hablan los consumidores inmigrantes en Italia, la obligación de escribir en la lengua materna no solo aumentaría los costos de transacción, que también incluyen los costos de redacción del contrato, sino que requeriría la contratación de personal. multilingües o traductores; esto podría traducirse, como todas las obligaciones de transparencia, en un aumento del costo del servicio que correría a cargo de todos los consumidores, sin un beneficio real para la mayoría de los consumidores extranjeros. Por tanto, un deber de traducción contrastaría con la justificación del uso de las condiciones generales del contrato, que radica en la reducción de los costes de negociación al acelerar la conclusión del negocio, ahorrando tiempo, recursos y actividades, y en el 'necesidad de planificación empresarial, por una parte porque haría más engorroso el procedimiento de celebración del contrato, por otra porque, al ser un deber para con una gama de clientes cuantitativamente indeterminada, evitaría efectivamente que el coste de los servicios se determinara a priori. Por lo tanto, por las razones expuestas, puede excluirse que el uso por intermediarios de formas contractuales y formas en italiano viola la prohibición de discriminación indirecta de conformidad con los artículos 43, decreto legislativo 286/1998 y 2, decreto legislativo 215/2003, que prohíben cualquier criterio, comportamiento o práctica que pueda perjudicar a las personas de una raza, etnia o nacionalidad. Esta posibilidad, temida en la literatura jurídica, fue excluida por la supuesta inexistencia de la prohibición de la discriminación indirecta en el contexto contractual; Si bien buena parte de la doctrina reconoce, en cambio, la aplicabilidad de la prohibición de la discriminación indirecta también en este ámbito, la necesidad de evitar el aumento de los costos de transacción y de tener que contratar personal multilingüe para las traducciones hacen uso de formularios y formas en italiano proporcionadas y justificadas por un propósito legítimo de conformidad con el art. 3, párrafo 4, del Decreto Legislativo 215/2003, aunque sea de carácter económico. Si bien no existe la obligación de traducir siempre el contrato al idioma del consumidor, no se excluye que el intermediario tenga otras obligaciones en presencia de un consumidor con poco conocimiento del idioma italiano. Aunque no existe una obligación expresa de traducir el contrato en el idioma del consumidor, la obligación de servir mejor al interés del cliente, basando su actividad en sus necesidades particulares (art. 120 septies tub) y el principio de buena fe, fuente de obligaciones complementarias de la relación, puede imponer una explicación o una traducción del contrato en el idioma del consumidor, si en el caso específico el déficit lingüístico fuese claro. En caso de debilidad económica del consumidor, según el art. 120 quinquiesdecies t.u.b. el prestamista debe gestionar este situaciòn con iniciativas destinadas a mantener el contrato, que deben calibrarse según la situación específica del sobreviviente; el Testo Unico banario, por lo tanto, reduce la rigidez del Código Civil en el tratamiento del incumplimiento de la obligación, No està claro si sea una obligación de renegociar ex bona fide, una directriz o una obligación autónoma, pero sigue siendo la indicación de una predilecciòn para la conservaciòn del contratto; por lo tanto se anticipa la tendencia de la legislación futura, cuyo objectivo parece la introducción en el Código Civil del derecho a renegociar en los contratos a largo plazo afectados por contingencias, según la delegación proporcionada al Gobierno por el art. 1, párrafo 1, del decreto legislativo 1151/2019. Tambien la legislación sobre el leasing de viviendas tiene en cuenta la vulnerabilidad economica del consumidor, y introduce el derecho a una moratoria en el pago de la renta en caso de contingencias (como la pérdida de trabajo) que afectan negativamente la situación de ingresos del usuario; una aplicación análoga de este beneficio parece no solo posible, sino sobre todo necesaria para evitar la ilegitimidad constitucional de la legislación por irracionalidad. La suspensión del pago de la deuda, sin embargo, es ya una de las conductas que la disciplina crediticia inmobiliaria impone al prestamista, ante una situación de dificultad económica y financiera del consumidor. Dada la importancia del hogar, el art. 28, dir. 2014/17 / EU requiere que el acreedor ejerza una cierta tolerancia antes de ejecutar la garantía inmobiliaria; aunque esta obligación no se menciona en el art. 120 quinquiesedecies, párrafo 1, t.u.b., implementando esta disposición, se puede obtener de las disposiciones de implementación de este artículo emitidas por el Banco de Italia con el par. 8, sección VI bis, de las Disposiciones sobre Transparencia de las operaciones y servicios bancarios. De las disposiciones combinadas del art. 120 quinquiesdecies y par. 8, sección VI-bis, hay mucho más que una obligación, de contenido negativo, de tolerar el incumplimiento; si el arte. 120 quinquiesdecies requiere la adopción de procedimientos para gestionar las relaciones con los consumidores en dificultades de pago, las disposiciones del Banco de Italia especifican que estos procedimientos deben garantizar que el prestamista colabore con el consumidor para identificar las razones de las dificultades y las medidas adecuadas a tomar. adoptar para la devolución del crédito, tales como modificar las condiciones del contrato, ampliar su duración, modificar el tipo de crédito, la tasa de interés o disponer el aplazamiento o suspensión del pago de las cuotas. Los comentaristas de la Directiva 2014/17 han considerado el art. 28 expresión de la regla de la buena fe, que exige tolerar un incumplimiento no grave, dejando al consumidor, sin embargo, sin remedio para imponer al acreedor la cooperación no prestada. El aplazamiento de la ejecución de la garantía, entonces, no aumentaría la posibilidad de que el deudor esté en condiciones de cumplir, porque, si el monto adeudado se incrementa en intereses, ante un impedimento grave el deudor ya no podrá cumplir. . Arte. 120 quinquiesdecies t.u.b., sin embargo, tiene un contenido más específico que el art. 28, ya que no solo exige tolerancia al incumplimiento sino implementar una de las conductas destinadas a mantener el contrato entre las identificadas por el Banco de Italia. Contrariamente a la tesis que identifica estas disposiciones como una referencia a la obligación de buena fe, tanto por el nivel de detalle de la conducta impuesta como por el hecho de que, en este sentido, serían disposiciones superfluas. La vulnerabilidad económica del consumidor es también el requisito previo para la aplicación de la disciplina de la cuenta de pago basica a la que se refiere el art. 126-vicies bis t.u.b., y para la aplicación del art. 111, párrafo 3, de la t.u.b. que regula el microcrédito otorgado a personas en condiciones de vulnerabilidad económica y social; de hecho, ambas disposiciones aplican condiciones económicas favorables en comparación con las aplicables al consumidor en general. Estos índices empujan hacia la creación de una figura de consumo vulnerable, diferente de la del consumidor tout court, cuya debilidad depende no solo de la asimetría de la información, sino también de las precarias condiciones económicas y sociales, y cuya protección debe ser modulada de acuerdo con el específico perfil de vulnerabilidad; esto parece introducir un nuevo tipo de debilidad dentro del paradigma general del contrato asimétrico. Esta es una clara línea de tendencia, común al derecho de la economia, como demostra la introducción de la figura del consumidor vulnerable en los principales sistemas europeos y en l’artículo 28 de la reciente directiva 2019/944 sobre el suministro de electricidad, aplicable al cliente, quien, al comprar electricidad para uso doméstico, califica como consumidor. L’articulo 28 requiere que los estados adopten medidas (como la prohibición de la suspensión del servicio) para proteger a los clientes vulnerables, definidos como los que falten de medios economicos. La distinción entre las dos categorías de consumidores también en los servicios bancarios muestra que, según el legislador europeo, la inclusión financiera ha asumido una importancia no lejos del acceso a los servicios esenciales mencionados. Esta distinción es un elemento adicional de convergencia entre los servicios bancarios y las regulaciones de servicios de inversión, en los que la superación de la categoría general de consumidores ha llevado a una clasificación de clientes (entre cliente minorista y cliente profesional) basada en el experiencia y nivel de inclusión financiera. La novedad radica en el hecho de que esta fragmentación de la protección ha producido una división dentro de la categoría del consumidor, que ya no es una mónada. En consecuencia, en presencia de consumidores vulnerables, la evaluación de la idoneidad del comportamiento de los intermediarios debe llevarse a cabo de manera más rigurosa, y no puede detenerse en el cumplimiento de las obligaciones de información establecidas en el Testo Unico Bancario. Sin embargo, es necesario determinar, también a la luz del principio de buena fe, que el intermediario haya tenido en cuenta las dificultades cognitivas del consumidor y que haya cooperado en presencia de dificultades en los pagos. La inclusión financiera de los inmigrantes requiere una mayor flexibilidad de los bancos no solo en la gestión de la relación de negociación, sino también en la disciplina de estos últimos, ya que el uso de contratos que cumplen con la Shari’ah es fundamental para incluir también a los consumidores musulmanes. Una relación de negociación personalizada no puede ignorar el uso de herramientas innovadoras para evaluar la solvencia, como Big Data. Si serà posible evitar un uso discriminatorio, estas herramientas permitirán cumplir con la obligación de evaluar la solvencia del inmigrante mediante la preparación de planes de amortización adaptados a sus capacidades económicas específicas. Superar estos problemas críticos parece esencial para configurar una ciudadanía económica de los inmigrantes y favorecer sus inclusión social, dado el estrecho vínculo que existe hoy entre esta y el acceso a los servicios bancarios.