La investigación analiza el contexto político, institucional, legislativo, socioeconómico, y cultural, en el que se desencadenó el proceso que culminó con la declaración de un área protegida (AP), el Parque Natural del Montgó, y su evolución e impacto en la ordenación de la comarca de la Marina Alta (provincia de València) y, en particular, los municipios en que se halla inserta, Dénia y Xàbia. Como caso de estudio, este AP nos permite abordar la conservación y protección de la naturaleza en contextos territoriales densamente urbanizados y con una orientación económica determinada por el turismo residencial y de masas, como es el caso de gran parte de la franja litoral de la Comunitat Valenciana. La presión urbanística sobre la costa mediterránea ha supuesto la fragmentación y degradación de ecosistemas de elevado valor ecológico y socioambiental, motivo por el que la declaración de las primeras áreas protegidas valencianas, hace más de tres décadas, abordó la protección de espacios naturales como la Albufera de València (1986), Penyal d’Ifac (1987) y el macizo montañoso del Montgó, tercer espacio natural protegido de la Comunitat Valenciana (1987), considerado una reserva biogenética por la singularidad de su flora, además de ser un indiscutible hito paisajístico e identitario de ña Marina Alta. Partiendo del hecho de que el conjunto de valores naturales, tales como determinados recursos geomorfológicos, biológicos o paisajísticos, o bien, patrimoniales y culturales, como pueden ser yacimientos arqueológicos, elementos arquitectónicos destacados o registros etnográficos que conformen un patrimonio inmaterial relevante, son argumentos habitualmente empleados para justificar la protección de determinados lugares o áreas de un territorio, también es cierto que han de darse ciertas circunstancias socioeconómicas y culturales que promuevan la declaración de un AP. Asimismo, en la presente investigación se incide en el análisis de un factor escasamente tratado en la génesis de las áreas protegidas: el liderazgo en las iniciativas y acciones colectivas que culminan con la declaración de un ENP. Conocer las preocupaciones, intereses o expectativas, de determinadas personas o pequeños grupos de actores sociales, resulta esencial, en muchas ocasiones, para desentrañar las lógicas mantenidas en la articulación del proceso declarativo o, incluso, de posiciones abiertamente contrarias a esa protección que logran abortar dicho proceso. Otro factor objeto de la presente investigación, es el análisis de las posiciones y acción de la administración medioambiental, cuya vertiente tecnocrática en el sistema político, en ocasiones, ha trascendido a la mera voluntad política. Para ello se analiza la abundante documentación que se genera, no sólo en la tramitación de la declaración de las AP, sino en los procedimientos de planificación, ordenación y gestión de éstos (Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y Plan Rector de Uso y Gestión). Dicha documentación constituye un registro excepcional de las posiciones mantenidas por aquellos agentes sociales que acreditan la titularidad o la defensa de derechos o intereses, aún difusos, como es el caso de los medioambientales, más allá de la expresión de opiniones o manifestaciones públicas alrededor de la defensa y protección, en abstracto, de la naturaleza o el medioambiente. Por otra parte, permite analizar en profundidad la argumentación técnico-jurídica de los informes evacuados en contestación a las alegaciones presentadas, lo que, al fin y al cabo, constituye una manifestación documental de la representación oficial y del discurso hegemónico que, finalmente, se ha construido alrededor de las AP desde la Política y la Administración.