The current European Commission wants a "Europe fit for the digital age" in this decade. And to achieve this full digital integration, it wants to place technology at the service of people, achieve a fair and competitive digital economy, and obtain a more open, democratic and sustainable society. Based on the last two points, on December 15, 2020, two legislative proposals were presented, which address issues that interact with each other and update the regulatory framework of Internet rules. In particular, these are the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on fair and equitable markets in the digital sector (Digital Markets Act) and the Proposal for a Regulation on a single market for digital services (Digital Services Act). With respect to the first legislative proposal, in general terms, it addresses the lack of competition in digital markets and its provisions are directed at the so-called "gatekeepers". The second legislative proposal focuses on intermediation service providers (in particular, online platforms), with an emphasis on transparency obligations and the protection of users of digital services, with a particular focus on "very large" online platforms. In my opinion, the planned instrument (the Regulation) is the right one because it will guarantee a uniform level of protection in the provision of cross-border digital services in the European Union: in other words, it will avoid possible divergences between the laws of the Member States (which hinder the free movement of services in the EU market) and will ensure uniform protection of the rights and obligations not only of economic operators, but also of consumers and users throughout the European Union (which is absolutely necessary due to the current legal fragmentation). The legislative proposals form one of the cornerstones of the European Union's digital strategy and are decisive for the future of digital services. The European Commission will undoubtedly consolidate its digital sovereignty with the proposed regulatory framework, setting its own Internet rules for the coming decades. This will modernize the regime applicable to intermediary service providers, as well as initiating a line of action against the big technologies to curb their power, ensure the protection of digital rights and establish a level playing field to promote innovation and competitiveness within the Union. It is well known that online platforms play a very important role in today's society and must therefore be held more accountable for the impact they generate on many multiple sectors of the population. But beyond the countless advantages offered by digital services, it is worth highlighting the risks and challenges that they may represent for the users concerned, economic operators and society in general. Intermediary service providers are often used by third parties to sell illegal, counterfeit or dangerous goods, provide illegal services or disseminate illegal (or harmful) content over the network. In line with the above, one of the objectives of the European Union legislator for years has been to reduce the presence of illegal content and activities on the network with a rapid removal (or access), given that the cross-border nature of the Internet allows any uploaded content to have, in a matter of seconds, worldwide reach. This paper is set in this context, with the aim of analyzing the mechanism of "notice and action", reflecting on the figure of the "reliable alerter" and the moderation of content on the network incorporated in the Proposal for a Regulation on a single market for digital services (Digital Services Act).La actual Comisión Europea quiere una “Europa adaptada a la era digital” en esta década. Y para alcanzar esta plena integración digital, se quiere situar la tecnología al servicio de las personas, lograr una economía digital justa y competitiva, y obtener una sociedad más abierta, democrática y sostenible. Con base en los dos últimos puntos, el pasado el 15 de diciembre de 2020 se presentaron sendas propuestas legislativas, que abordan cuestiones que interactúan entre sí y actualizan el marco regulatorio de las reglas de internet. En particular, se trata de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre mercados disputables y equitativos en el sector digital (Ley de Mercados Digitales) y de la Propuesta de Reglamento relativo a un mercado único de servicios digitales (Ley de Servicios Digitales). Con respecto a la primera propuesta legislativa, en términos generales, se ocupa de la falta de competencia en los mercados digitales y sus disposiciones se dirigen a los denominados “guardianes de acceso”. La segunda propuesta legislativa se centra en los prestadores de servicios de intermediación (en particular, las plataformas en línea), incidiendo en las obligaciones de transparencia y de protección de los usuarios de los servicios digitales, con especial atención en las plataformas en línea “muy grandes”. A mi modo de ver se acierta con instrumento previsto (el Reglamento) porque garantizará un nivel uniforme de protección en la prestación de servicios digitales transfronterizos en la Unión Europea: es decir, evitará las posibles divergencias entre las legislaciones de los Estados miembros (que obstaculizan la libre circulación de los servicios en el mercado de la Unión) y asegurará la protección uniforme de los derechos y obligaciones no solo de los operadores económicos, sino también de los consumidores y usuarios en toda la Unión Europea (del todo necesario por la fragmentación jurídica actual). Las propuestas legislativas forman uno de los ejes de la estrategia digital de la Unión Europea y son determinantes para el futuro de los servicios digitales. Sin duda, la Comisión Europea consolidará su soberanía digital con el marco normativo propuesto, marcando sus propias reglas de internet para las próximas décadas. Se moderniza así el régimen aplicable a los prestadores de servicios de intermediación, además de iniciar una línea de acción contra las grandes tecnologías para frenar su poder, velar por la protección de los derechos digitales y establecer condiciones equitativas para fomentar la innovación y la competitividad en el territorio de la Unión. Es sabido que las plataformas en línea tienen un papel muy importante en la sociedad actual y, por consiguiente, deben tener una mayor responsabilidad por el impacto que generan en muchos múltiples sectores de la población. Pero más allá de las incontables ventajas que ofrecen los servicios digitales, conviene resaltar los riegos y desafíos que pueden representar para los usuarios afectados, los operadores económicos y la sociedad en general. En efecto, los prestadores de servicios de intermediación son frecuentemente utilizados por terceros para vender mercancías ilegales, falsificadas o peligrosas, prestar servicios ilegales o difundir de contenido ilícito (o dañino) por la red. Al hilo de lo anterior, uno de los objetivos del legislador de la Unión Europea desde hace años es reducir la presencia de contenidos y actividades ilícitos en la red con una rápida retirada (o su acceso), habida cuenta de que el carácter transfronterizo de internet permite que cualquier contenido subido tenga, en cuestión de segundos, alcance mundial. El presente trabajo se sitúa en este contexto, con el objetivo de analizar el mecanismo de “notificación y acción”, reflexionando en la figura del “alertador fiable” y en la moderación de contenidos en la red incorporados en la Propuesta de Reglamento relativo a un mercado único de servicios digitales (Ley de Servicios Digitales).