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Yagüe Blanco, Sergio
Altés Tárrega, Juan Antonio (dir.) Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social |
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Aquest document és un/a tesi, creat/da en: 2021 | |
Tras varias décadas de privatización de la gestión en el sector público, en los últimos años, se ha invertido esta tendencia y se está recuperando la gestión directa de algunas actividades y servicios públicos externalizados por las administraciones públicas.
Dicho cambio, motivado tanto por criterios económicos y organizativos, como político-ideológicos, se está llevando a cabo de forma especialmente significativa en el ámbito local, aunque también se está produciendo en el sector público institucional y empresarial de la administración estatal y autonómica, como es el caso de la reversión de las concesiones sanitarias de la Comunidad Valenciana.
En efecto, se trata de operaciones no exentas de dificultades y problemas prácticos de diversa índole. Algunos, se plantean desde el ámbito del derecho público, por las restricciones que contemplan las leyes administrativas para adoptar ...
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Tras varias décadas de privatización de la gestión en el sector público, en los últimos años, se ha invertido esta tendencia y se está recuperando la gestión directa de algunas actividades y servicios públicos externalizados por las administraciones públicas.
Dicho cambio, motivado tanto por criterios económicos y organizativos, como político-ideológicos, se está llevando a cabo de forma especialmente significativa en el ámbito local, aunque también se está produciendo en el sector público institucional y empresarial de la administración estatal y autonómica, como es el caso de la reversión de las concesiones sanitarias de la Comunidad Valenciana.
En efecto, se trata de operaciones no exentas de dificultades y problemas prácticos de diversa índole. Algunos, se plantean desde el ámbito del derecho público, por las restricciones que contemplan las leyes administrativas para adoptar una decisión de recuperación del servicio de la Administración Pública que, en principio, se presenta como discrecional. Otros, se dan en el plano estrictamente laboral, pues para que quede garantizada la estabilidad en el empleo de los trabajadores ocupados en las contratas del sector público será necesario que resulte de aplicación alguno de los mecanismos que típicamente imponen la subrogación de los contratos de trabajo. Y en fin, también se plantean problemas derivados de la interdependencia de ambos sectores del ordenamiento jurídico, como la ya sabida falta de compatibilidad entre el principio de estabilidad en el empleo y los principios constitucionales que garantizan el acceso al empleo público en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, y otras normas y principios de orden público.
La presente investigación tiene un doble objetivo: de un lado, determinar cuándo una operación de reversión de contratas o concesiones públicas es constitutiva de una sucesión de empresas en el sentido del artículo 44 ET y de la Directiva comunitaria 2011/23/CE; y del otro, dirimir la fórmula de integración del personal más equilibrada y proporcionada que, necesariamente, deberá producirse a consecuencia de la garantía de estabilidad en el empleo que dichas normas disponen. Si bien, en aplicación concurrente con toda una amplia variedad de normas y principios de orden público.
Este doble objetivo determina la estructura de la investigación:
A) La primera parte, titulada «La aplicación de las normas sobre transmisión de empresa a la reversión de contratas públicas», está compuesta por 6 capítulos:
a) El capítulo primero tiene por objetivo abordar el estudio de la delimitación normativa del supuesto de hecho de ambas normas, atendiendo a las finalidades que motivaron su creación, los bienes jurídicos que tutelan y su relevancia actual.
b) El capítulo segundo da cuenta de los principios que deben inspirar la coordinación del derecho nacional y el europeísta en tanto que, como puede aventurarse, se produce un conflicto entre ambos ámbitos normativos que deberá solucionarse acudiendo a ellos.
c) Por su parte, el capítulo tercero, ya profundiza en una de las especialidades que tiene la aplicación de la institución laboral a las Administraciones Públicas.
d) El capítulo cuarto se adentra en otra de las singularidades que revisten este tipo de operaciones, pues se incluyen dentro de una problemática laboral mayor desde el punto de vista de la sucesión de empresa: la aplicación de la institución social a las nuevas formas de organizar la producción empresarial, especialmente, en relación con el fenómeno de la externalización productiva en el sector público.
e) El capítulo quinto sigue la línea marcada por su predecesor, con la singularidad de que trata cuestiones específicas que se han presentado en tiempos recientes en los precedentes jurisprudenciales sobre reversión de contratas públicas.
f) En fin, el capítulo sexto aborda la posibilidad de que «otras fuentes» diversas al artículo 44 ET y la Directiva que transpone traten de ordenar la subrogación de personal (negociación colectiva, leyes de reordenación del sector público, legislación sobre contratación pública)
B) La segunda parte, denominada «las garantías laborales de la sucesión de empresa», trata de combinar las consecuencias de la aplicación de la normativa sucesoria concretadas en una serie de garantías en favor de los trabajadores con toda una batería de normas y principios de orden público contenidos en diversas fuentes normativas, recayendo todas las miradas, como se viene apuntando por la doctrina, en la propia Constitución.
a) El primer capítulo de esta parte –capítulo séptimo– se estudia el alcance de la obligación de subrogación y su difícil relación con las extinciones contractuales anteriores al traspaso de la entidad económica, prestando especial atención a la concreta operación de reversión de la actividad.
b) El capítulo octavo es el «corazón de la Tesis», donde se analiza la confrontación del Derecho Constitucional con el Derecho de la Unión Europea. En este sentido, se acuden a una serie de ítems de valoración o análisis procedentes que permiten la composición de esta fuerte antinomia entre fuentes del derecho del más alto nivel que se produce en estos supuestos.
c) En el capítulo noveno se tratan todas aquellas normas de rango legal que se han considerado obstáculos a la integración del personal proveniente de las empresas contratistas, desde el mismo procedimiento selectivo de acceso al empleo público, hasta las tasas de reposición y demás limitaciones establecidas en las normas presupuestarias, entre otras materias.
d) En fin, tras las conclusiones alcanzadas de los dos capítulos anteriores se analizará la fórmula de integración del personal. Como punto de partida se estudiarán todas las soluciones ensayadas o propuestas por la doctrina científica, tratando de obtener un posicionamiento crítico sobre su oportunidad y conveniencia. Finalmente, se identificará lo que, a nuestro juicio, debería ser la solución para integrar al personal.
El trabajo va acompañado de una propuesta de lege ferenda tanto de las cuestiones tratadas en la primera como en la segunda parte de la memoria de la investigación.
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