EL presente artículo centra su atención en los problemas que plantea la solución extrajudicial de conflictos en el transporte aéreo desde que se aprobara la Ley 7/2017, así como en la introducción del requisito de procedibilidad introducido por el Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal al Servicio Público de Justicia, cuando pretendan ejercitarse acciones judiciales a través de los cauces del juicio verbal al amparo de la normativa de transportes, nacional e internacional. Asimismo, se hace referencia a la naturaleza (seudo)administrativa de la reclamación iniciada por un pasajero frente a AESA, a la atribución de la competencia al orden contencioso-administrativo por el Proyecto de Orden Ministerial y a su posterior atribución al juzgado de lo mercantil competente, a través de la Ley 3/2020, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.