Ante el aumento de la producción y el intercambio de los contenidos y servicios digitales como consecuencia de la evolución de las nuevas tecnologías, se hace necesario establecer un marco jurídico que dote de protección a los consumidores y usuarios. En este sentido, el Real Decreto Ley 7/2021, de 27 de abril, transpuso en el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU) la Directiva 2019/770, sobre contratos de suministro de contenidos y servicios digitales. Se examinan aquí las medidas correctoras de las que dispone el consumidor o usuario ante una falta de conformidad de los contenidos o servicios digitales o ante un incumplimiento contractual del empresario. En este sentido, se estudian los supuestos en que procede la puesta en conformidad, la reducción del precio o la resolución contractual, así como los problemas que se derivan de las mismas, bien porque hay supuestos no previstos por el legislador, o bien por la intersección de algunos principios y normas tanto nacionales como europeas.