La conducción bajo la influencia de drogas, es un peligro creciente para la salud pública. España no es ajena a dicho problema, los consumidores de cannabis/cocaína parecen ser un grupo no despreciable de conductores de vehículos de alto riesgo en nuestro país. De hecho los resultados de prevalencia de consumo de cannabis a nivel mundial y tasas per cápita comparadas por países, nos muestran que España es líder mundial de consumo de cannabis. Y en relación a la cocaína tras el R.U., España ostenta la 2ª mayor prevalencia de consumo de todo el continente entre los 16-59 años. Obviamente estas altas cuotas de consumidores de droga en amplios espectros de la población que las consumen habitualmente, han tenido un lamentable reflejo en la presencia de drogas en las autopsias efectuadas por el INTCF, a fallecidos en accidentes de tráfico, pasando de una presencia de las drogas en las autopsias del 9,1% (2003) al 44,11% (2019). Empero, todos estos datos sobre consumo de drogas en nuestro país nos muestran una realidad social, diferente de la realidad jurídica. Es decir, mientras que en controles efectuados en las carreteras españolas se muestra una preponderancia y una presencia de otras drogas casi el doble que el alcohol, concretamente un 10,94% de positivos en drogas vs 6,61% de positivos en alcohol, en los juzgados apenas se judicializa la conducción bajo los efectos de las drogas. En el año 2010 por ejemplo en relación al art. 379.2 se impusieron 45.000 condenas penales por alcohol y tan solo 20 por drogas (sin embargo la estadística nos indica que hay más consumidores de droga que de alcohol). Todo parece indicar que como mínimo debe de valorarse la evaluación de nuestro sistema que salvo matices en la extensión de la pena permanece invariable desde 1950, cuando es obvio que ni la sociedad, ni el derecho, ni las drogas son iguales que antaño. Por datos como los expresados, en los últimos 10 años, muchos países han cambiado su legislación para abordar el problema de las drogas y la conducción. Existiendo un común denominador en todas las políticas criminales examinadas con respecto a los países con mejores tasas de siniestralidad vial, consistente en el abandono del modelo sintomatológico tradicional por un modelo de tasas. Prácticamente la mayoría de países del ámbito jurídico occidental, de los que a día de hoy se excepcionan España, Italia o Portugal, han abandonado el tradicional modelo sintomatológico. Además obiter dictum dichos países son los que cuentan con mejores tasas de siniestralidad vial hoy en día. En la presente tesis y con una base metodológica sustentada en una profusa revisión bibliográfica se pretende la proposición de tasas objetivas para las principales drogas de consumo en España, a través de la exégesis de los estudios científicos que han servido de base para operar cambios en la normativa penal internacional que es estudiada, efectuándose una propuesta lege ferenda al respecto.