En pleno proceso de construcción del estado liberal en España, las leyes municipales de 1840 y 1845 concedieron a los ayuntamientos una cierta autonomía a la hora de gestionar su territorio. El ejercicio efectivo de esta prerrogativa quedo en manos de comisiones, secciones y juntas de obras formadas por arquitectos, técnicos y obreros especializados. En la ciudad de Valencia se contaba con una larga tradición en esta materia, que se retrotraía hasta el siglo XIII. En 1844, la Real Junta de Policía creada en 1788 fue sustituida por la Sección Facultativa de Policía Urbana, organismo que quedaría integrado, a partir de 1852, en la Comisión de Policía Urbana. Este entramado, que sobre el papel de pendía directamente del alcalde, se hizo cargo del mantenimiento cotidiano de la ciudad (servicios de limpieza, empedrado, alumbrado, alcantarillado, etc.) y de la transformación paulatina de su callejero (apertura y realineado de las vías públicas). El aumento progresivo de su plantilla de trabajadores pone de manifiesto la importancia adquirida por estos trabajos en la segunda mitad del siglo XIX.