Dentro del marco de la presente investigación, se direcciona estudiar las existentes e históricas tensiones constitucionales entre las entidades territoriales y las facultades propias de su autonomía, así como el poder central materializado a través de la nación, en tal sentido estudiar las figuras conexas, los principios, las regulaciones, la normativa y la jurisprudencia. Lo anterior, a partir de un estudio hermenéutico desde los enfoques del iuspositivismo vs. Iusnaturalismo, los cuales ejercen una función orientadora en las vías y resoluciones jurídicas, frente a las tensiones en cuestión. Por su parte, el modelo de la organización territorial y administrativa del Estado colombiano responde a esas tendencias histórico-políticas tradicional, las cuales están basadas en la unidad de mando, en la centralización política y en la descentralización administrativa. No obstante, como mandato constitucional simboliza el poderío normativo del centralismo, la autonomía de su carácter administrativo y el establecimiento generalizado de un orden social igualitario para la ciudadanía en el reconocimiento de derechos. Es por lo que bajo el mismo centro de impulsión, todos los habitantes del territorio se obligan por las mismas leyes, las mismas decisiones del gobierno y las mismas sentencias judiciales. En ese orden de ideas, es evidente la intencionalidad reglamentaria consagrada en el artículo 1º de la Constitución Política de Colombia de 1991, respecto a la autonomía de las entidades territoriales como elemento integrante del Estado, lo cual, se interpreta en el reconocimiento del Estado de Colombia como sistema político unitario y descentralizado. Los recursos minerales son de uso fundamental para el territorio colombiano, por ende, resultan importantes no solamente para el progreso de la sociedad humana, sino para el desarrollo socioeconómico del país y los entes territoriales, motivo por lo cual, dentro las tensiones constitucionales latentes son las de concentrar esfuerzos para trabajar con los entes territoriales en la autonomía de la descentralización. Ahora bien, teniendo en cuenta los nuevos modelos de ordenamiento territorial que prioriza los componentes de autonomía de las comunidades y los entes territoriales locales, suena entonces lógico analizar el alcance de los entes territoriales para efectos de toma de decisiones respecto del desarrollo y ejecución de proyectos mineros que puedan llegar a afectarlos de manera directa o indirecta. Seguidamente, la discusión cobra vigencia con base en las contradicciones constitucionales y legislativas que históricamente han puesto en una línea de superioridad al gobierno central frente a las entidades territoriales. En la guía de estudio de la presente investigación, se estructura pasando por diferentes estadios donde inicialmente se busca analizar la tensión Nación - Territorio producto de la actividad y explotación minera, así como la conceptualización de los elementos utilizados en la investigación. Después de esta línea se estudian los modelos mineros en el derecho comparado para luego revisar la legislación minera y la jurisprudencia en Colombia, esta comparación permitirá profundizar el alcance de la autonomía y descentralización administrativa, propias de las entidades territoriales en la intervención del Estado para la explotación de los recursos mineros, toda vez que, cada análisis enmarcado en la investigación permitirá condensar y concluir varios temas generales, los cuales pondrán de manifiesto el debate sobre la ejecución de un proyecto de ley que reforme la redistribución de los recursos del Sistema General de Regalías. En Colombia, existe una gran riqueza minera, dentro de las cuales se destacan algunos recursos como el oro, el carbón, las esmeraldas, el cobre, el níquel y el mineral de hierro, entre otros tantos. El potencial es alto y el país se constituye como un gran atractivo para la inversión, tanto así que la minería representa una actividad prioritaria para su desarrollo. Desde la perspectiva económica, la minería constituye una de las apuestas centrales de los dos últimos planes de desarrollo a nivel nacional, los cuales defienden la importancia del sector como fuente de crecimiento, al menos en el corto y mediano plazo. En la misma línea, Fedesarrollo ha publicado informes periódicos en los que se refiere a las rentas generadas por la actividad, su importancia en la balanza comercial y su potencial como generador de empleo. Cabe destacar que en la potestad y titularidad de los recursos naturales no renovables y de los recursos mineros energéticos, siempre ha sido objeto de debate y discusión dentro de los ordenamientos jurídicos y constitucionales, la intervención del Estado en la exploración y explotación minera, respecto de sus entes territoriales, toda vez que dichos recursos representan para los Estados productores de minerales y de hidrocarburos, una de sus principales fuentes de ingresos vía contraprestaciones a título de regalías. Es justamente que partiendo de los grandes recursos que la minería y la extracción hidrocarburífera representan para los Estados, surge entonces, sobre el tapete la discusión del modelo de Estado que se debe implementar y que se debe respetar para la determinación justa tanto de las competencias para el otorgamiento de licencias y autorizaciones para desarrollar proyectos de este tipo dentro de las entidades territoriales constitucionalmente aceptadas, y las contraprestaciones económicas que percibirá cada una de estas entidades territoriales derivadas de la exploración y explotación de los recursos naturales no renovables. La hipótesis planteada va orientada a la proyección de la soberanía del Estado, Teniendo en cuenta los nuevos modelos de ordenamiento territorial que prioriza los componentes de autonomía de las comunidades y los entes territoriales locales, suena entonces lógico analizar el alcance de dichos entes territoriales para efectos de toma de decisiones respecto del desarrollo y ejecución de proyectos mineros que puedan llegar a afectarlos de manera directa o indirecta. La discusión cobra vigencia con base en las contradicciones constitucionales y legislativas que históricamente han puesto en una línea de superioridad al gobierno central frente a las entidades territoriales, comoquiera que el Estado ejerce su soberanía sobre los recursos naturales no renovables consagrados en el artículo 332 de la constitución política. El presente trabajo está motivado por la necesidad de conocer y determinar las dinámicas y tensiones en el campo minero, es por eso que se ha planteado la siguiente pregunta problema, ¿Cuál es el alcance de la autonomía y descentralización administrativa propia de las entidades territoriales en la intervención del Estado para la exploración y explotación de recursos mineros respecto de las personas y el territorio? En ese sentido, los objetivos planteados en la investigación parten del objetivo general el cual consiste en determinar el alcance de la autonomía y descentralización administrativa propia de las entidades territoriales en la intervención del Estado para la exploración y explotación de recursos mineros respecto de las personas y el territorio; además de los objetivos específicos estructurados que son: 1. Identificar la forma de organización territorial del Estado Colombiano y su posición frente a los recursos de la minería. 2. Establecer los principios a los cuales las entidades territoriales en Colombia deben ceñirse para la exploración y explotación de los recursos mineros. 3. Definir los límites que ostentan las entidades territoriales en relación con la actividad minera. 4. Analizar los modelos territoriales y administrativos de los recursos mineros planteados en el derecho comparado. Teniendo en cuenta las tensiones constitucionales generadas por el nivel de intervención del Estado colombiano en las actividades de exploración y explotación minera con respecto a las personas y las entidades territoriales, en las siguientes líneas se realizará en detalle, un estudio respecto al modelo territorial y administrativo del recurso minero desarrollado en Colombia y la aplicación de los principios constitucionales objeto de estudio en la regulación minera, asimismo la referencia de la jurisprudencia y legislación colombiana para determinar el alcance de los fallos constitucionales, para posteriormente compararlo con otros modelos tales como el europeo o el latinoamericano. Además, se aborda un análisis sobre la distribución del Sistema General de Regalías y la consideración de si está basado en criterios objetivos de ponderación, así como el estudio de los componentes socio económicos que implica la relación Estado – Empresa – Sociedad. Es este punto, donde se manifiesta una tensión latente entre el principio unitario, relativo a la forma de organización del Estado Colombiano, y el principio de autonomía propio de sus entidades territoriales. De conformidad con lo esgrimido, y al entrar en tensión los anteriores principios, es menester determinar el alcance de la intervención y participación administrativa de las entidades territoriales en la exploración y explotación de yacimientos mineros dentro de sus territorios. Si bien es cierto que la descentralización se caracteriza por el relajamiento de vínculos existentes en las relaciones de autoridad central y del organismo descentralizado o transferencia de funciones del centro a la periferia; no dejan de existir facultades de parte de las autoridades centrales lo cual se explica debido a que, de lo contrario, no estaríamos frente a una organización descentralizada de la administración sino un poder independiente o Estado dentro del Estado. Es por ello que la descentralización administrativa y la autonomía de las entidades territoriales, siendo la primera el instrumento necesario para alcanzar la segunda; predicadas desde la expedición de la Carta Política de 1991, responden al anhelo de los constituyentes de una Colombia más equilibrada y más cercana a las necesidades de la población otorgando un grado de independencia a las entidades territoriales concibiendo la posibilidad de autogobierno y administración de asuntos de mayor interés para dichos entes. Se trata entonces de dos conceptos ligados entre sí pero que puesto que ostentan grandes diferencias conceptuales dado que Mientras la descentralización se refiere al contenido material, a las competencias y recursos asignados por la Constitución y la ley a los entes territoriales, la autonomía consiste en el margen o capacidad de gestión que el constituyente y el legislador garantizan a las entidades territoriales para que planeen, programen, dirijan, organicen, ejecuten, coordinen y controlen sus actividades, en aras del cumplimiento de las funciones y fines del Estado. No obstante, la presente investigación se plantea la determinación del alcance de los anteriores conceptos enfocado a la explotación y exploración de los recursos mineros determinando de esta manera el grado de participación de estas, teniendo como base el principio que la Constitución Política de 1991 estableció según el cual el Estado Colombiano es un Estado Unitario, dueño de los recursos naturales. Resulta fundamental esclarecer el nivel de autonomía de las entidades territoriales para adoptar decisiones referentes a las mejores condiciones de desarrollo ambiental, social y cultural en su región, esto es, conocer con mayor profundidad el papel que desempeñan en la adopción de autorizaciones para llevar a cabo actividades relativas a la minería en su jurisdicción. Esta investigación es de interés general, en tanto se trata de una problemática que afecta económica, política y socialmente al Estado Colombiano. En la medida en que se fijen parámetros en la exploración y explotación de los recursos mineros, delimitando los alcances o el nivel de participación de las entidades territoriales en el desempeño de actividades en dicho sector, podrá dirimir en gran medida la tensión jurídica previamente descrita y que constituye el objeto de este trabajo.