La implementación en España de la Convención de Naciones Unidas de Derechos de las Personas con Discapacidad en lo relativo al ejercicio de la capacidad jurídica, se ha llevado a cabo a través de la Ley 8/2021, de 2 de junio. Esta reforma ha afectado a las bases tradicionales del ordenamiento jurídico, no solo por el hecho de eliminar la modificación de la capacidad de obrar y la tutela de adultos, y dar clara preferencia a las medidas voluntarias respecto a las judiciales, sino por todas las consecuencias que implica poner como centro del sistema el respeto a la voluntad, deseos y preferencias de las personas con discapacidad. El trabajo aporta una panorámica general del nuevo sistema, con especial referencia al impacto en materia de obligaciones y al reflejo de las medidas de apoyo en los Registros civil y de la Propiedad. Una reforma de este calado ha provocado, como es lógico, numerosos interrogantes respecto a su aplicación y desde luego plantea importantes retos para los operadores jurídicos concernidos y la sociedad en su conjunto.