El sector audiovisual en España se ha convertido en una industria cada vez más destacada. Respecto a su prestación, los contenidos mediáticos y su demanda forman parte del día a día de los ciudadanos motivados por diversas causas: informativas, entretenimiento, etc. Sin embargo, por lo que concierne a su regulación, la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual resulta insuficiente ante el inminente avance de un proceso de transformación digital del sector que ha venido para quedarse. Con su reforma lo que se pretende es despejar posibles incertidumbres que presenta la industria aportándoles una respuesta jurídica a medio o largo plazo. Esta previsión permitirá reforzar la seguridad que afecta al conjunto de ciudadanos en el uso de estas plataformas, sin descuidar otros aspectos que son de suma relevancia tales como los nuevos intereses que emergen del mercado y la garantía de los derechos de los usuarios.