Las sociedades italiana y española tienen muchos puntos en común, siendo uno de ellos la problemática derivada de la integración de las personas inmigrantes en los entornos sociales. Principalmente por la presión de los flujos migratorios en algunas localizaciones de ambos países. La respuesta del derecho, y en concreto del derecho constitucional, para integrar y facilitar el reconocimiento de derechos a estas personas también es notoria, pero pese a ello siguen produciéndose hechos que dificultan una integración real y efectiva. Paralelamente, ambos países han desarrollado reciente normativa para implementar políticas participativas a través de las nuevas tecnologías. Por ello, la combinación de ambas realidades es un punto de partida para fomentar una más y mejor integración de los inmigrantes en ambos países, promoviendo políticas de integración que posibiliten la participación de los inmigrantes en asuntos públicos, a través de los avances tecnológicos. Precisamente el uso de estos dispositivos puede suponer una mejora sustancial en la presencia de la población inmigrante en procesos participativos y, con ellos, una mejor inserción social en la política y cultura, tanto española como italiana