ABSTRACT: This essay tackles the judicial application of the European Social Charter as an exponent of the Social and Democratic State of Law and the European Social Model, especially in the light of Spain's recent acceptance of the revised version of the Charter and of the collective complaints procedure before the European Committee of Social Rights. In this respect, the crucial role of the judiciary in making the Social Charter effective in Spain is analysed, taking into account the transversality of the legal obligations set out in the Charter as well as the competence of all jurisdictional orders. Then keypoints and illustrations for the best judicial application of the Social Charter in Spain are studied, among others the training of the judiciary, the discernment between the different degrees of justiciability of social rights, the respective functions of the Ordinary and Constitutional Jurisdictions, or the exceptional exercise of the conventionality control. Finally, the positive impact that the revised Social Charter and the complaints procedure will have on optimising the constitutional system of fundamental rights is also emphasized. RESUMEN: El presente artículo aborda la aplicación judicial de la Carta Social Europea como exponente del Estado Social y Democrático de Derecho y del Modelo Social Europeo, especialmente a la luz de la reciente aceptación por parte de España de la versión revisada de la Carta y del procedimiento de reclamaciones colectivas ante el Comité Europeo de Derechos Sociales. En este sentido, se analiza el papel crucial de los órganos judiciales en hacer efectiva la Carta Social en España, teniendo en cuenta la transversalidad de las obligaciones jurídicas establecidas en la Carta y la incumbencia de todos los órdenes jurisdiccionales. A continuación, se estudian algunas claves e ilustraciones para la mejor aplicación judicial de la Carta Social en España, entre ellas, la formación de la judicatura, el discernimiento entre los diversos grados de justiciabilidad de los derechos sociales, las funciones respectivas de las Jurisdicciones Ordinaria y Constitucional, o el excepcional ejercicio del control de convencionalidad. Por último, se pone el énfasis en el impacto positivo que la Carta Social revisada y el procedimiento de reclamaciones van a tener para optimizar el sistema constitucional de derechos fundamentales.