La reciente aprobación de la LOMLOE ha propiciado un intenso debate sobre su contenido y, muy significadamente, sobre aquellos aspectos del texto legislativo orgánico más controvertidos desde la perspectiva constitucional. Más allá de la controversia generada en torno a su singular tramitación, impulsada con suma celeridad durante la pandemia y fruto de un procedimiento legislativo técnicamente cuestionable, la crítica se ha focalizado en las novedades legales referidas a la educación concertada, el modelo pedagógico de escuela diferenciada o el recorte de la potestad directiva respecto de las titularidades privadas. El texto orgánico estatal sobredimensiona la vertiente prestacional del derecho a la educación a fuerza de limitar su intrínseco valor de libertad y nos desliza hacia un cuestionable modelo educativo estatalizante que no sólo se aparta del consenso constitucional sino que puede menoscabar seriamente el sistema de valores que fundamentan la UE. Reabriendo, en definitiva, un debate constitucional cuya resolución arrojará luz sobre aspectos determinantes del modelo educativo español, condenado a una inestabilidad crónica por un legislador estatal incapaz de forjar consensos perdurables en el tiempo