Las políticas de calidad normativa tienen como objetivo la mejora de las normas jurídicas a través de la correlativa mejora de los procesos de regulación normativa. Introducidas en algunos países europeos en la última década del siglo XX gracias al impulso de organizaciones supranacionales como la UE y la OCDE, en España ha sido el Título VI de la LPAC el que ha introducido por primera vez unas bases para el impulso de la calidad normativa con vocación de aplicación a todas las Administraciones públicas. El objetivo de este artículo será analizar las obligaciones que en materia de calidad normativa impone la LPAC, identificar una serie de medidas adicionales que todo sistema mínimamente ambicioso debería abordar y, finalmente, apuntar los distintos modelos que en el marco institucional y normativo actual podrían desarrollarse en el ámbito autonómico, incidiendo especialmente en el encaje institucional de los consejos jurídicos consultivos autonómicos.