La Constitución española de 1978 nunca ha sido objeto específico de estudio en los niveles obligatorios del sistema educativo. Los gobiernos de uno y otro signo se han limitado a incluir, por la vía de los denominados enfoques transversal e integrado, referencias esporádicas a la norma fundamental en los currículos de las etapas formativas preuniversitarias. Como consecuencia de esta política educativa, la mayor parte de la ciudadanía española desconoce casi todo acerca del vigente ordenamiento constitucional y así lo vienen demostrando, desde hace años, numerosos estudios demoscópicos. Partiendo de tales premisas, se hace preciso reflexionar sobre la conveniencia de implementar la educación constitucional como una materia autónoma en el marco de las enseñanzas medias. Y ello en el entendido de que una asignatura de este tipo desempeñaría, junto a otras igualmente encaminadas a promover la adquisición de competencias ciudadanas, un importante papel en la defensa y el fortalecimiento de nuestro sistema democrático.