La relevancia de los fondos públicos dedicados a la contratación hace imprescindible una reflexión sobre la viabilidad de alcanzar fines de interés general que trasciendan el objeto propio de cada contrato. La Unión Europea ha aprobado recientemente un paquete legislativo –las conocidas como Directivas de contratación de cuarta generación– que comporta el tránsito hacia la contratación pública estratégica e intenta profundizar en las posibilidades de las “contrataciones públicas socialmente responsables” en cumplimiento de los objetivos establecidos en la Estrategia Europa 2020. Este potencial de la contratación conoce, sin embargo, dificultades importantes atendiendo no sólo a la normativa, sino a la interpretación que de determinados principios se ha hecho por parte de los órganos jurisdiccionales, administrativos y consultivos. Teniendo en cuenta que estamos inmersos en pleno proceso de reforma, se examinarán los avances y problemas de las consideraciones sociales en la normativa que está por venir.