La responsabilidad social (RS) ha cobrado creciente relevancia en las últimas tres décadas, tanto en el ámbito público como privado. La integración de la RS en la gestión de entidades es esencial para satisfacer de manera sostenible las necesidades de la organización y su comunidad, abordando aspectos sociales, medioambientales y económicos. En entornos rurales, las administraciones públicas y los ayuntamientos desempeñan un papel crucial al desarrollar políticas públicas adaptadas a su población y geografía. El informe destaca la importancia de aplicar el concepto de RS al emprendimiento rural, alineándolo con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. El emprendimiento rural debe cumplir con los parámetros de la RS para ser sostenible, y las administraciones locales deben contribuir a ello. La Unión Europea desempeña un papel fundamental al promover la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), sus iniciativas proporcionan directrices que ayudan a los Estados en la implementación de prácticas de RSE. Las administraciones socialmente responsables interactúan en el mercado con criterios sociales, contribuyendo a construir una sociedad cohesionada y un sistema económico más sostenible. La RS puede mitigar los efectos de crisis económicas, reducir la pérdida de empleos y promover la igualdad y la inclusión social; el desarrollo sostenible busca satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas.