La publicación en la Unión Europea de la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre, relativa al derecho a interpretación y traducción en los procesos penales ha marcado un antes y un después en una gran cantidad de aspectos relacionados con la interpretación en sede judicial y policial. Esta norma tiene como principal objetivo garantizar la interpretación judicial de calidad durante todo el proceso, como parte del derecho a la defensa y a un juicio justo. España, como Estado Miembro de la UE, tiene la obligación de transponer la norma europea a su derecho interno. Se trata, pues, de un momento histórico en el que confluyen dos factores principales: la necesidad de cambiar la legislación para adaptarla a la nueva norma y la necesidad de implementar medidas para garantizar el cumplimiento de los nuevos mandatos. En el presente artículo se realiza una revisión del estado de la cuestión sobre la interpretación judicial en España desde el punto de vista de la legislación y de la provisión de servicios, y se analizan las medidas que debe tomar nuestro país para garantizar que la interpretación en los tribunales de justicia se lleva a cabo con las debidas garantías. Estas medidas incluyen la formación de intérpretes y de operadores judiciales, la creación de sistemas de acreditación y registros, así como la consolidación del perfil profesional de los intérpretes.