Public Budget and Human Rights: The financial obligations of the States in human rights matter. From the ratification of international human rights treaties, it originates for the States the obligation to adopt general measures of application. Measures that are not only those that are necessary, appropriate and adequate at the legislative, administrative or judicial level, but also include financial measures. The current situation of Human Rights and their effective non-realization, is not due to theoretical issues. States have asumed that they are not something to be claimed but something that they must provide with their citizens.Unlike, the obstacles are practical and are related to the lack of an adequate way to prioritize in the investment of resources and their failure to consider from the area of public revenues. In this way, the investment of public resources for the realization of Human Rights should be typified as a legal obligation, which is also an instrumental obligation. Its instrumental nature is determined because this obligation can not be conceived except in conjunction with the different rights. And also because it is precisely the instrument to provide content to rights. To determine the content of this obligation, the Budget will be studied, as the document that foresees the priorities in the investment of a State, in its two aspects: public income and expenditure. In both cases, from a double perspective: firstly, analyzing the financial-tax and budget institutions - from a Human Rights perspective and secondly, determining what are the implications of applying the rules, standards and principles of Human Rights, that can be derived for the tax system and the budgetary cycle. With the aim of achieving the necessary synergy between the world of Human Rights and finances. The necessity of that synergy relies on the fact that we can not keep on considering as true that the world of the Human Rights and the world of financial issues and money have no ties or bonds. Human Rights have economic costs and money has to be invested as well on Human Rights implementation. Besides, is the Spanish response to the economic crisis impermissible under International Human Rights law? Which is and will be the social cost of those policies? Financial measures, often underpin the implementation of Human Rights through legislative and administrative state action, but they have been generally overlooked considered as non being mandatory. However, better resource allocation and expenditure by means of responsible, efficient, effective and sustainable investments, transparent, trustworthy and participatory public governance, can give a valuable way towards the full implementation of Human Rights at national level. Because it can not be affirmed that Human Rights do not also have an economic cost and doing so, in fact, involves social costs. And because it can not be affirmed that the collection of public resources and their subsequent investment, can be detached from all consideration regarding Human Rights. Raising and investing public resources from and for the realization of Human Rights will allow the State Parties to comply with their financial obligations on Human Rights.Presupuesto Público y Derechos Humanos: las obligaciones financieras de los Estados en materia de derechos humanos. De la ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos, deriva para los Estados la obligación de adoptar las medidas generales de aplicación. Medidas que no sólo constituyen aquellas necesarias, oportunas y adecuadas a nivel legislativo o judicial, sino que también incluyen las medidas financieras. La situación actual de los derechos humanos y su no realización efectiva, no obedece a cuestiones teóricas. Contrariamente, los obstáculos son prácticos y están relacionados con la falta de una priorización adecuada en la inversión de los recursos y a su no consideración desde la órbita de los ingresos públicos. La inversión de recursos públicos para la realización de los derechos humanos debe caracterizarse como una obligación jurídica, que además es instrumental. Su carácter instrumental, queda determinado porque no podrá concebirse esta obligación sino en conjunción con los distintos derechos. Y por ser precisamente el instrumento que dota de contenido a los derechos. En esta tesis, y para determinar el contenido de esta obligación, se estudiará el Presupuesto, como el documento que prevé las prioridades en la inversión de un Estado, en sus dos vertientes: ingreso y gasto público. En ambos supuestos, desde una perspectiva doble: en primer lugar, analizando los institutos financieros-tributarios y presupuestarios- desde una perspectiva de derechos humanos y en segundo lugar, determinando cuáles son las implicaciones que de aplicarse las reglas, estándares y principios de derechos humanos, pueden derivarse para el sistema impositivo y el ciclo presupuestario. Con el objetivo de alcanzar la sinergia necesaria entre el mundo de los derechos humanos y el financiero. Sinergia necesaria puesto que no puede seguir considerándose en adelante que los derechos humanos y el mundo de las finanzas y el dinero no guardan relación alguna. Los derechos cuestan dinero y el dinero debe invertirse también en los derechos. ¿Puede considerarse que la respuesta española a la crisis económica global es permisible desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos? Lo cierto es que medidas financieras inadecuadamente articuladas han imposibilitado e impiden la implementación de los derechos humanos, constituyendo un obstáculo a la acción estatal legislativa o administrativa-entre otras- en la materia. Sin embargo, estas medidas han sido generalmente obviadas y consideradas como no obligatorias. Y lejos de tales consideraciones, una correcta recaudación e inversión de los recursos de manera responsable, eficiente, efectiva, sostenible; a través de inversiones transparentes, fiables y basadas en una gobernanza pública participativa, puede constituir una herramienta valiosa para la plena implementación de los derechos humanos a nivel nacional. Porque no puede afirmarse que los derechos no tengan también un coste económico y hacerlo, de hecho, comporta costes sociales. Y porque no puede afirmarse que la recaudación de los recursos públicos y su posterior inversión, pueda desprenderse de toda consideración respecto a los derechos humanos. Recaudar e invertir los recursos públicos desde y para la realización de los derechos humanos permitirá a los Estados Parte cumplir con sus obligaciones financieras de derechos humanos.