El 11 de septiembre de 2012, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobaba la Resolución “El futuro que queremos”. En ella, tras pasar revista a muchos de los problemas a los que se enfrenta la humanidad –pobreza extrema de más de mil millones de personas, cambio climático, degradación de los ecosistemas, etc.- y reconocer la vinculación existente entre dichos problemas, así como la necesidad y posibilidad de hacerles frente de forma integrada y con urgencia, se expone la decisión de: “establecer un proceso intergubernamental inclusivo y transparente sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible que esté abierto a todas las partes interesadas con el fin de formular objetivos mundiales de Desarrollo Sostenible, que deberá acordar la Asamblea General (artículo 248)”. Naciones Unidas daba así carta oficial a la necesidad de una Agenda Internacional de Desarrollo y unos Objetivos de Desarrollo Sostenible o Sustentable (ODS), cuando se acercaba el final del periodo previsto para tratar de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que finalizaba en 2015. Una necesidad plenamente justificada por la creciente gravedad de una insostenible situación de emergencia planetaria, que dio lugar a la puesta en marcha de una pluralidad de iniciativas como, entre muchas otras, la creación de un Panel de Alto Nivel para Post-2015 y la realización de Consultas Temáticas Globales.