Los seres humanos hemos convivido desde siempre con los restos que hemos heredado de las civilizaciones que nos precedieron en el tiempo, legado que conforma un determinado patrimonio cultural, etnológico y arquitectónico que de un modo u otro condiciona nuestra existencia constituyendo unas señas relevantes de nuestra identidad. Es el territorio quien contiene los elementos relevantes del patrimonio histórico de los pueblos, que se integran en un marco físico de valor paisajístico y por ello gozarán de protección en su conjunto, aquellas actuaciones que realicemos sobre determinados elementos patrimoniales producirán una influencia directa sobre el territorio al que afectan y su población, tuteladas por el Sector Público que dictará las normas que contengan especiales medidas de protección para aquellos elementos relevantes. Normas que en ocasiones estarán influenciadas por la Historia de los pueblos, otras por los usos alternativos que se puedan otorgar a estos bienes y muchas sin saber muy bien porqué, obedecen a criterios sesgados por los gobiernos que nos dirigen, que actúan movidos por un sentimiento pasional emanado del pueblo. Sin embargo resulta difícil acotar con precisión cuáles son las características que otorgan a un determinado bien histórico el merecimiento de ser conservado o protegido de acuerdo con las leyes conservacionistas emitidas. En este sentido los Centros de Estudios Locales o Comarcales podrían jugar un papel muy relevante en la definición de responsabilidades sobre la conservación del patrimonio. Estas pequeñas asociaciones que se dedican al estudio y a la protección de la Historia Local y sus bienes patrimoniales cuentan con unas características institucionales peculiares que les podrían definir como gestores precisos del criterio colectivo frente a los intereses del mercado y los fallos del sector público.